El alcalde de Astorga, José Luis Nieto, ha pasado por los micrófonos de Es Radio León y, en una entrevista con Arturo Martínez, ha mostrado la preocupación del equipo de gobierno ante la reclamación judicial presentada por ADIF contra el Ayuntamiento por importe de 1.023.466,75 euros. El regidor sostiene que el Consistorio no tiene constancia de ningún expediente de contratación, convenio o documento administrativo que respalde esa factura, relativa a las obras de emergencia ejecutadas en el paso superior de la N-120a sobre la línea ferroviaria León-A Coruña. La situación, según advirtió, puede comprometer seriamente la capacidad inversora del municipio.
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Una factura de más de un millón y una demanda ya en el juzgado
Nieto explicó que el conflicto se remonta a la recepción, ya en 2024, de una factura remitida por ADIF por las obras realizadas en la pasarela de la N-120. Ante esa reclamación, aseguró haber solicitado informes a los servicios municipales para comprobar si existía algún expediente, contrato, convenio o retención de crédito que justificase el pago.
Según relató, la respuesta de la secretaría municipal fue clara: no constaba ningún convenio, contrato ni expediente de contratación relacionado con esa actuación. A partir de ahí, los servicios jurídicos y la intervención devolvieron la factura a ADIF al entender que no existía soporte administrativo para asumirla.
Sin embargo, a comienzos de este año el Ayuntamiento se encontró con un nuevo escenario: la reclamación había pasado a la vía judicial y el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo había admitido la demanda presentada por ADIF.
“Pensamos que era un error”
Durante la entrevista, el alcalde reconoció que la llegada de esa factura fue recibida con sorpresa en el Ayuntamiento. De hecho, aseguró que en un primer momento pensaron que podía tratarse de una equivocación.
Nieto recordó además que, en la etapa anterior, desde el propio Ayuntamiento se trasladó públicamente la idea de que las obras de emergencia habían sido asumidas por el Ministerio de Fomento. Por ello, ahora el actual equipo de gobierno se pregunta cómo se pudo trasladar ese mensaje si no existe ningún documento que lo respalde dentro del Consistorio.
El regidor insistió en que, hasta donde ha podido comprobar el actual gobierno municipal, no hay rastro de convenio, encargo formal ni reserva de crédito que permita entender por qué ADIF reclama ahora ese importe a las arcas municipales.
La titularidad de la pasarela, en discusión
Uno de los aspectos centrales del conflicto está en la titularidad de la infraestructura. ADIF sostiene que se trata de una estructura de titularidad municipal y que por eso el Ayuntamiento debe asumir el coste de la intervención de emergencia.
Sin embargo, José Luis Nieto cuestionó esa interpretación. Según señaló en la entrevista, una cosa es el tramo de la N-120 cedido al Ayuntamiento y otra distinta esa pasarela construida posteriormente para salvar el paso del ferrocarril. El alcalde afirmó que, según la documentación revisada por el secretario municipal, ese tramo concreto nunca fue recibido formalmente por el Ayuntamiento, por lo que, a su juicio, no puede darse por hecho que sea de titularidad municipal.
Ese punto se perfila como una de las claves del procedimiento, ya que de su interpretación dependerá buena parte de la defensa jurídica del Consistorio.
Un golpe que puede lastrar las inversiones de todo un año
El alcalde cifró con claridad el impacto que tendría para Astorga una eventual obligación de pago. Recordó que el presupuesto municipal se mueve habitualmente entre los 10 y 11 millones de euros al año, por lo que una factura de más de un millón supondría cerca de un 10% del presupuesto total.
En términos prácticos, advirtió de que eso obligaría a paralizar inversiones y comprometería seriamente la capacidad del Ayuntamiento para ejecutar actuaciones en beneficio de los vecinos. Incluso dejó abierta la posibilidad de tener que acudir a una línea de crédito si finalmente hubiera que afrontar ese desembolso.
Nieto quiso subrayar además la dimensión simbólica del problema al señalar que, repartido entre una población de alrededor de 10.000 vecinos, ese coste equivaldría a unos 100 euros por habitante.
El origen: una obra de emergencia por riesgo en la infraestructura
El caso tiene su origen en el deterioro detectado en esa infraestructura sobre la línea ferroviaria León-A Coruña. Según la información ya comunicada por el Ayuntamiento, ADIF alertó en enero de 2023 del deficiente estado de conservación del paso superior y del riesgo tanto para el tráfico rodado como para la circulación ferroviaria.
Ante esa situación, el organismo ferroviario activó un procedimiento de emergencia para ejecutar las obras necesarias, que fueron adjudicadas por la vía de urgencia y permitieron reabrir el vial meses después.
Lo que ahora discute el Ayuntamiento no es la necesidad de actuar en aquel momento, sino quién debía asumir jurídicamente el coste de la actuación y en base a qué título administrativo puede exigirse ahora ese pago a la institución municipal.
Pleno extraordinario para exigir explicaciones
Con el objetivo de dar cuenta de la situación y recabar explicaciones políticas, el alcalde ha convocado un Pleno extraordinario para este viernes 13 de marzo a las 13:00 horas.
Nieto avanzó en Es Radio León que espera que en esa sesión se aclare qué ocurrió realmente en la etapa anterior, qué conversaciones pudo haber con el Ministerio y por qué se trasladó públicamente que las obras serían asumidas por Fomento si después ha terminado llegando una factura al Ayuntamiento.
El alcalde fue especialmente claro al señalar que quiere conocer “qué se habló y con quién se habló”, y si existió algún tipo de acuerdo verbal que nunca llegó a formalizarse por escrito.
Posibles responsabilidades políticas y económicas
El regidor no descartó que, una vez se conozcan todos los antecedentes, puedan derivarse responsabilidades. En la entrevista apuntó expresamente a posibles responsabilidades políticas y también a eventuales responsabilidades económicas, dada la magnitud de la cantidad reclamada.
A su juicio, si realmente el Ayuntamiento hubiera encargado o asumido una obra de este calibre, lo normal habría sido tramitar el correspondiente expediente, dejar constancia documental del acuerdo y prever la correspondiente reserva de crédito para poder afrontar el pago. Al no haberse localizado nada de eso, el actual equipo de gobierno considera que el caso debe ser aclarado hasta el final.
Defensa jurídica abierta y voluntad de llegar hasta el final
Nieto confirmó que el Ayuntamiento ya ha tenido que nombrar abogado y procurador para defender sus intereses en el procedimiento judicial abierto por ADIF.
El alcalde se mostró convencido de que Astorga tiene argumentos para sostener que no debería asumir “ni un euro” si no hubo contrato, convenio, reserva de crédito ni recepción formal de la infraestructura. En todo caso, admitió que será finalmente el juez quien tenga que determinar a quién corresponde la razón jurídica en este conflicto.
La relación con ADIF, en el aire pero sin ruptura
Pese a la dureza del conflicto, el alcalde expresó su deseo de que este asunto no termine afectando a la relación institucional con ADIF en otras cuestiones ferroviarias de interés para la ciudad.
En este sentido, recordó que el Ayuntamiento ha colaborado con otros departamentos del ente ferroviario, por ejemplo en actuaciones de mejora vinculadas a la estación, y defendió que esa cooperación ha sido positiva tanto para los viajeros como para la imagen de Astorga.
No obstante, reconoció la dificultad de encontrar interlocutores claros para abordar este caso concreto, ya que, según explicó, el Ayuntamiento no ha logrado hasta ahora una vía de negociación previa que evite el pulso judicial.
Cierre
El conflicto entre ADIF y el Ayuntamiento de Astorga entra así en una fase decisiva. Con una reclamación de más de un millón de euros ya judicializada, una titularidad discutida, ausencia de documentación en el Consistorio y un pleno extraordinario convocado para esclarecer lo ocurrido, la ciudad afronta un asunto de enorme trascendencia política, administrativa y económica.