El Círculo Empresarial Leonés, CEL, y la Asociación Leonesa de Empresarios del Transporte, Altradime, instan a las administraciones a preparar medidas de apoyo para el transporte profesional ante la subida del precio de los carburantes, provocada por el conflicto en Oriente Medio. Ambas organizaciones reclaman mecanismos de compensación, como la aplicación de la revisión obligatoria de precios.
Y es que las organizaciones señalan que el transporte profesional de mercancías por carretera en la provincia de León afronta una situación de creciente presión económica tras el incremento del precio del combustible, en un sector esencial para la economía de la provincia.
El vocal de la directiva del CEL y presidente de ACOLE, Roberto Rodríguez y el presidente de Altradime, Pablo Lorenzo, advierten que esta escalada de costes puede comprometer la actividad de numerosas empresas y profesionales autónomos si no se articulan mecanismos de compensación que permitan absorber el incremento del gasóleo.
Rodríguez recuerda que “el transporte no es un sector más, es un sector esencial para el funcionamiento de la economía. Sin transporte no funciona la industria ni el comercio”. También subraya que esta dependencia es especialmente evidente en territorios de interior como León.
“En una provincia como León, esta realidad es más evidente porque somos una provincia de interior. Aquí el problema no afecta solo al conductor de camión, afecta a toda la cadena económica”.
Análisis sectorial
El análisis sectorial apunta a que el combustible representa entre un 30% y un 40% de los costes operativos de un vehículo pesado, lo que convierte al gasóleo en uno de los factores más determinantes para la rentabilidad del transporte profesional.
Las estimaciones trasladadas por las organizaciones empresariales apuntan a que el incremento del combustible podría suponer hasta 2.000 euros mensuales adicionales por vehículo en determinados casos, lo que sitúa a muchas empresas en una situación de elevada incertidumbre económica.
Ante este escenario, el sector considera prioritario que las administraciones públicas activen mecanismos de respuesta anticipada, similares a los aplicados en crisis energéticas anteriores y como ya están haciendo países como Portugal, con el objetivo de evitar que la volatilidad del mercado energético comprometa la viabilidad de empresas y autónomos.