La propuesta de reforma de la PolÃtica Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034 ha encendido las alarmas entre las instituciones regionales y el sector primario de Salamanca. El plan, que plantea una reducción significativa del presupuesto y un cambio estructural en el modelo de reparto, podrÃa tener un impacto especialmente negativo en provincias como la salmantina, donde la agricultura y la ganaderÃa son pilares económicos y sociales.
Salamanca recibió en el ejercicio 2025 un total de 181,1 millones de euros en concepto de ayudas procedentes de los fondos europeos FEAGA y FEADER. De esta cantidad, 157,3 millones correspondieron a subvenciones directas vinculadas a superficie, sectores ganaderos y otras lÃneas disociadas, mientras que 23,7 millones se canalizaron a través de programas de desarrollo rural. En total, más de 8.000 beneficiarios de la provincia dependen anualmente de este respaldo financiero.
Uno de los sectores más expuestos a los posibles cambios es el del vacuno, que cuenta en Salamanca con el censo más elevado del paÃs, superando el medio millón de reses. Solo en ayudas destinadas a este ámbito se asignaron más de 31 millones de euros a lo largo del último ejercicio.
A pesar de estas cifras, el futuro del modelo actual está en el aire. La nueva PAC propone integrar sus fondos en estructuras financieras más amplias, lo que implicarÃa perder la autonomÃa presupuestaria de la que ha gozado hasta ahora. Además, se introduce un nuevo enfoque de pagos decrecientes: cuanto mayor sea la superficie de una explotación, menor será el importe recibido por hectárea.
Este rediseño busca centrar los esfuerzos en explotaciones de menor tamaño, lo que supondrÃa un giro radical respecto a la distribución actual. La medida podrÃa dejar en una situación comprometida a amplias zonas de la comunidad, donde predominan explotaciones profesionales de gran tamaño, muchas de ellas especializadas en cereal y ganaderÃa extensiva.
A este escenario se suma un problema estructural ya conocido: el envejecimiento del campo. En Salamanca, cerca del 60 % de quienes solicitan ayudas están en el tramo de edad entre los 55 y los 65 años, y la renovación generacional sigue sin consolidarse, especialmente en sectores como el ovino de leche.
El proceso de reforma continúa en marcha. Está previsto que el Parlamento Europeo emita su posición a finales de este año y que las negociaciones con el Consejo y la Comisión concluyan en 2027. Hasta entonces, la incertidumbre se instala en el medio rural, que teme ver mermado uno de sus principales apoyos económicos.