Unidad total entre los principales ayuntamientos del alfoz de Salamanca contra el llamado “basurazo”. Los alcaldes de Santa Marta de Tormes, Carbajosa de la Sagrada, Villamayor, Guijuelo y Doñinos han escenificado un frente común para rechazar la subida obligatoria de la tasa de basuras que deberán aplicar a partir del 1 de enero de 2026. La nueva Ley de Residuos —derivada de la normativa europea pero, según denuncian, “endurecida por el Gobierno español”— obliga a que los municipios repercutan el 100 % del coste real del servicio a los ciudadanos.
El portavoz del grupo y Alcalde de Carbajosa, Pedro Samuel Martín, fue claro al señalar que se trata de una medida impuesta “sin margen de decisión local”. “Hasta ahora el Ayuntamiento asumía parte del coste para no gravar a las familias, pero ahora la ley nos obliga a trasladarlo íntegramente al contribuyente. No es una decisión política, es una imposición directa del Gobierno de España”, subrayó. En su municipio, explicó, el servicio cuesta 400.000 euros y solo se recaudan 180.000. “Esa diferencia de más de 200.000 euros que asumíamos deberá cargarse ahora al recibo del vecino”, lamentó.
También el alcalde de Santa Marta de Tormes, David Mingo, se mostró muy crítico con la nueva normativa. “Es falso que Europa exija repercutir el 100 % del coste en el usuario; eso lo ha decidido el Ejecutivo nacional. Esta norma atenta contra la autonomía local y supone un castigo directo al bolsillo de los vecinos”, afirmó. Mingo aseguró además que los consistorios “articularán medidas para hacer llegar al Gobierno su rechazo” y recordó que “el dinero donde más vale es en el bolsillo del contribuyente, no en manos de la Administración”.
Desde Villamayor, su regidor Ángel Peralvo advirtió de los problemas técnicos que afrontarán para aplicar la subida con justicia: “No existe un sistema que nos permita medir de forma objetiva cuánta basura genera cada vivienda. Si lo hacemos por metros cuadrados, habrá desigualdades. En algunos casos la subida puede superar el 45 %, y eso generará quejas y posibles impugnaciones”.
Por su parte, el alcalde de Guijuelo, Roberto Martín, detalló que en su municipio el servicio de recogida de residuos cuesta 923.000 euros, mientras que solo se ingresan 724.000. “Hasta ahora asumíamos casi 200.000 euros, pero ahora esa cantidad deberá repercutirse al ciudadano. Y, además, tenemos muchas empresas afectadas. Es una medida que tiene más inconvenientes que beneficios”, señaló.
Desde Doñinos, Agustín Rodríguez se sumó al rechazo y cifró el aumento que tendrán que afrontar sus vecinos entre el 40 % y el 45 %. “No queremos aplicar una subida tan drástica, pero la ley no deja otra opción”, aseguró.
Los cinco regidores coincidieron en que el Gobierno ha ido “más allá de lo que marca Europa” al imponer la obligación de cubrir el coste total del servicio, sin diálogo ni compensación a los ayuntamientos. Denuncian, además, que el recibo “llegará con el logo del Ayuntamiento, pero el dinero acabará en las arcas del Estado”, puesto que los consistorios deberán transferir los fondos a GIRSA, la empresa provincial que gestiona los residuos, y esta al Ejecutivo central.
En el plano político, Martín recordó que el Partido Popular intentó frenar la medida con una proposición de ley en el Congreso y el Senado, “pero fue vetada por el Gobierno y bloqueada por la presidenta del Congreso, Francina Armengol”.
A la espera de definir cómo se aplicará la nueva tasa, los alcaldes estudian ahora sistemas alternativos que permitan minimizar el impacto y evitar la acumulación de pagos con otros tributos locales. Todos coinciden, sin embargo, en que la medida es “inevitable” y que su objetivo común es explicar con transparencia a los ciudadanos “una obligación legal que ninguno comparte, pero que todos deben acatar”.