La Audiencia Provincial de Salamanca ha comenzado a juzgar a tres personas acusadas de mantener retenida durante varios meses a una mujer de 59 años en un piso ocupado del barrio de Chamberí, un caso que la Fiscalía considera un episodio de detención ilegal, estafa y trato degradante. El Ministerio Público solicita penas que rondan los 12 años de prisión para cada uno de los implicados.
La sesión, que arrancó con cierto retraso respecto a la hora prevista, estuvo marcada por el testimonio de la víctima, que declaró por videoconferencia. Su relato describió una situación de control, amenazas y condiciones de vida extremas que, según su versión, se prolongaron durante unos cinco meses en 2024.
La mujer explicó que conoció a la pareja acusada cuando se encontraba viviendo en la calle tras el fallecimiento de su marido. Según relató, ambos le ofrecieron alojamiento en su vivienda, asegurándole que querían ayudarla. Sin embargo, aseguró que la convivencia se deterioró rápidamente. “Al principio parecía todo normal, pero cambió muy deprisa”, afirmó ante el tribunal.
De acuerdo con su testimonio, pasó largas jornadas en un patio o en una habitación, muchas veces tumbada en el suelo sobre una manta. Aseguró que apenas podía salir de la vivienda y que sus captores rechazaban sus peticiones de marcharse. En ese periodo, relató que sufrió un notable deterioro físico por la falta de alimento y agua.
La mujer también aseguró que los acusados utilizaron su dinero sin consentimiento, declarando que habrían falsificado su firma para modificar su entidad bancaria y disponer de su tarjeta, con la que realizaban compras y retiradas de efectivo procedentes del ingreso que recibía mensualmente correspondiente a su pensión..
El relato incluyó episodios de intimidación ya que cuando la víctima trató de abandonar la vivienda era amenazada, incluso con un arma de fuego que, según dijo, llegaron a colocarle en la cabeza. “Me dijeron que si denunciaba me matarían”, explicó durante su intervención.
Otro de los momentos más duros de su declaración se produjo al referirse a su estado de salud. Contó que pidió asistencia médica tras detectarse un bulto en el pecho, pero que sus captores rechazaron llevarla al médico. Actualmente padece cáncer con metástasis, según explicó visiblemente emocionada.
El rescate y la intervención policial
El caso salió a la luz después de que un vecino alertara a las autoridades tras escuchar a la mujer pedir ayuda. Los agentes de la Policía Nacional que acudieron al lugar explicaron ante el tribunal que lograron comunicarse con ella a través de una ventana. Allí les contó que llevaba meses encerrada y que hacía sus necesidades en un cubo dentro de la habitación.
Cuando finalmente lograron acceder al inmueble, los policías encontraron un colchón deteriorado y un recipiente utilizado como retrete, en una estancia sin condiciones mínimas de higiene ni servicios básicos. Los agentes también describieron a la víctima como una persona debilitada y visiblemente agotada.
Durante la investigación se detectaron retiradas de dinero coincidiendo con el ingreso de la pensión de la mujer. Los investigadores señalaron que algunas de esas operaciones y compras se realizaron utilizando su tarjeta bancaria.
Uno de los policías relató además una conversación con uno de los acusados, que habría reconocido sin tapujos que cerraba la puerta con llave cuando la mujer estaba dentro del piso. El agente recordó que le respondió que “a los animales se les encierra, a las personas no”.
Versiones contrapuestas en el juicio
Un vecino que residía en el mismo edificio ocupado ofreció una versión diferente durante su declaración. Afirmó que en varias ocasiones vio a la mujer salir sola o acompañada y que nunca escuchó gritos ni percibió que estuviera retenida. Según explicó, las viviendas del inmueble carecían de suministros básicos, por lo que todos los residentes vivían en condiciones precarias.
La investigación también ha puesto el foco en el papel del tercer acusado, al que la víctima se refería como “machaca”. De acuerdo con los agentes, su función era llevarle comida o agua y encargarse de tareas dentro de la vivienda. Los investigadores señalaron que se trataba de una persona con discapacidad intelectual de nivel bajo y facilmente influenciable por los otros dos acusados.
Vulnerabilidad de la víctima
Los médicos forenses que declararon ante el tribunal indicaron que la víctima presenta discapacidad intelectual y deterioro cognitivo, circunstancias que la situaban en una posición de especial vulnerabilidad y que, según los especialistas, aconsejaban incluso una vida supervisada en una vivienda tutelada.
El juicio continuará ahora con la declaración de los acusados y la presentación del resto de pruebas antes de que el tribunal determine si existió el encierro y la explotación económica que denuncia la víctima.