La gestión económica de varias comunidades de propietarios de Salamanca ha saltado por los aires tras descubrirse un presunto fraude que podría alcanzar cifras muy elevadas. Los vecinos han denunciado a C.G.G., quien durante años se encargó de administrar sus fincas y que, desde mediados de diciembre, no ha vuelto a dar señales de vida. Su oficina permanece cerrada y tampoco responde a llamadas ni mensajes.
Los primeros indicios aparecieron cuando distintas juntas vecinales comenzaron a revisar sus cuentas y detectaron saldos muy por debajo de lo que figuraba en presupuestos y actas anteriores. En algunos inmuebles apenas quedaban unos cientos de euros, pese a que los fondos acumulados debían superar con creces los 100.000. La situación ha obligado a aprobar derramas urgentes para afrontar pagos básicos como calefacción, electricidad, agua o mantenimiento de ascensores.
Entre los edificios afectados se encuentran comunidades de gran tamaño y otras mas reducidas, pero en todas ellas los propietarios describen un patrón repetido: transferencias entre cuentas de distintas fincas, facturas con importes desproporcionados y cargos sin justificación clara. De hecho en varios extractos bancarios han aparecido pagos ajenos a las actividades comunitarias, incluidos seguros de vehículos vinculados presuntamente con el administrador.
La sospecha de los residentes es que el dinero circulaba de una comunidad a otra para cubrir agujeros temporales y mantener una apariencia de normalidad, un sistema que habría acabado generando un desfase generalizado que ahora resulta difícil de reconstruir. Una situación que ha obligado a las comunidades a contratar nuevos administradores y auditorías externas con el fin de seguir el rastro del dinero.
Algunas ya han presentado denuncias formales ante la Policía Nacional por presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad documental y estafa , mientras que los afectados se encuentran estudiando la posibilidad de presentar una querella conjunta que agrupe a todos los perjudicados, que podrían ver como su número aumenta en los próximos días.
Desde el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Salamanca y Zamora se ha confirmado que la persona señalada no figura inscrita en ningún colegio oficial del país. Su presidente, Ángel Hernández, ha lamentado la situación y ha explicado que este tipo de casos perjudican también a los profesionales habilitados, al generar desconfianza hacia el sector, recordando que solo los profesionales colegiados pueden ejercer con las garantías exigidas, como seguros de responsabilidad civil y controles deontológicos y ha ofrecido la colaboración de la institución para orientar a las comunidades damnificadas.
La entidad colegial insiste en la importancia de comprobar siempre la acreditación profesional antes de delegar la gestión económica de un edificio, ya que se trata de manejar el patrimonio común de decenas de familias.
Mientras tanto, en las comunidades afectadas el objetivo inmediato es recuperar cierta estabilidad financiera, rehacer archivos y preparar la vía judicial con la esperanza de esclarecer el destino de los fondos desaparecidos.