El pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado por unanimidad una declaración institucional en defensa de los trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo anunciado por la empresa Majorel. El Consistorio considera que esta decisión empresarial supone una situación de especial gravedad para el mercado laboral de la ciudad y para su equilibrio social.
Según la información trasladada por los representantes sindicales, el proceso de reestructuración impulsado por la compañía —integrada en la multinacional Teleperformance— afectaría a 329 empleados en toda España. De ellos, 169 corresponden al centro de trabajo situado en Carbajosa de la Sagrada, lo que representa cerca del 20 % de la plantilla de estas instalaciones y convierte a Salamanca en uno de los territorios más impactados por el ajuste.
El documento aprobado por la corporación municipal subraya además el perfil de los trabajadores afectados. Se trata en gran parte de personas con una larga trayectoria en la empresa, con una antigüedad media de entre quince y veinte años. La plantilla está formada mayoritariamente por mujeres de entre 35 y 55 años, muchas de ellas con responsabilidades familiares, lo que, a juicio del Ayuntamiento, multiplica las consecuencias sociales de la medida para numerosas familias salmantinas.
Desde el Consistorio recuerdan también que Majorel lleva décadas desarrollando su actividad en Salamanca y que, en distintos momentos, ha recibido apoyo institucional. Además, destacan que el sector de la atención al cliente y los servicios externalizados ha sido uno de los principales generadores de empleo en la capital y su área metropolitana, especialmente para perfiles cualificados y empleo femenino. Por ello, advierten de que una reducción significativa de plantilla o un posible traslado de actividad podría afectar al equilibrio socioeconómico del municipio.
La declaración recoge igualmente la inquietud expresada por los sindicatos ante lo que consideran una posible contradicción entre los motivos alegados para el ERE —de carácter organizativo y productivo— y la contratación paralela de personal a través de empresas de trabajo temporal, que podría rondar el centenar de trabajadores. De confirmarse esta situación, señalan, se generarían dudas sobre la coherencia de la reorganización planteada por la empresa y aumentaría la incertidumbre entre la plantilla.
Ante este escenario, el Ayuntamiento de Salamanca expresa su apoyo a los empleados afectados y a sus familias y solicita a Majorel que reconsidere el expediente presentado. Asimismo, insta a la empresa a explorar alternativas que permitan mantener la actividad y preservar los puestos de trabajo.
El pleno también reclama a la dirección de la compañía que aborde la negociación con los representantes de los trabajadores con voluntad real de alcanzar acuerdos y más allá de un mero trámite formal durante el periodo de consultas.
Por otra parte, el Consistorio pide la implicación activa de las administraciones competentes para facilitar el diálogo entre las partes y activar mecanismos de mediación, apoyo al empleo y mantenimiento de la actividad económica. En este sentido, el Ayuntamiento se ofrece a colaborar institucionalmente para contribuir a una solución que minimice el impacto del ERE.
Los acuerdos adoptados serán trasladados a los representantes de los trabajadores de Majorel en Salamanca, a la dirección de la empresa en España, a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León y al Ministerio de Trabajo y Economía Social.