La crisis de la vivienda volvió a situarse en el centro del debate en Salamanca durante la celebración del congreso Inmo Navidad, que reunió a agentes inmobiliarios de todo el país y a representantes de la administración autonómica. El diagnóstico fue compartido: el mercado residencial atraviesa una situación crítica y necesita medidas estructurales urgentes, alejadas de soluciones improvisadas que, según el sector, no han hecho sino empeorar el problema.
Un sector clave para la economía regional
El encuentro, celebrado en la Cámara de Comercio de Salamanca, sirvió también para recordar el peso del sector inmobiliario y de la construcción en la economía autonómica. La Directora general de Vivienda de la Junta de Castilla y León, María González, subrayó que esta actividad supone alrededor del 5,5 % del PIB regional, con más de 20.000 empresas del ámbito de la construcción y unas 6.000 inmobiliarias activas. “Es un sector imprescindible”, señaló, destacando su papel estratégico para el equilibrio económico.
Salamanca, a la cabeza en oferta de alquiler
Desde la Junta se puso en valor el modelo de Castilla y León, que lidera la oferta de vivienda en alquiler a nivel nacional, con Salamanca como provincia destacada. Este posicionamiento se atribuye a la colaboración público-privada y a medidas de apoyo como las ayudas al alquiler, que pueden alcanzar hasta el 75 % en el medio rural, o los avales públicos que han permitido a más de 1.500 jóvenes acceder a hipotecas por casi la totalidad del valor de la vivienda.
Críticas a las políticas estatales
La sintonía entre la administración autonómica y el sector contrastó con las críticas al Gobierno central. El presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), José María Alfaro, cuestionó la eficacia de las medidas adoptadas en los últimos años y advirtió de que algunas iniciativas recientes, como el anuncio de un aval público al alquiler, podrían incrementar la presión sobre el mercado en lugar de aliviarla.
Desde la Junta también se expresaron dudas sobre esta medida, tanto por la falta de coordinación con las comunidades autónomas como por la incertidumbre sobre su respaldo presupuestario.
Inseguridad jurídica y vivienda vacía
Para los profesionales, el principal freno a la incorporación de viviendas al mercado es la falta de seguridad jurídica para los propietarios. Denuncian que los procesos para recuperar un inmueble tras un impago pueden prolongarse hasta dos años, lo que retrae la oferta y presiona al alza los precios.
En este contexto, Alfaro cifró en más de 40.000 las viviendas vacías o infrautilizadas en la provincia de Salamanca, más de 6.000 en la capital, un parque que podría activarse a corto plazo si se generan incentivos adecuados. Frente a la lentitud de la obra nueva, que requiere entre cuatro y seis años, el sector defiende centrar las soluciones en la vivienda ya existente.
Consecuencias sociales y horizonte próximo
La falta de oferta está teniendo, según los expertos, consecuencias sociales visibles, como el auge del alquiler por habitaciones, la aparición de infraviviendas o el desplazamiento de trabajadores fuera de los núcleos urbanos. Ante este escenario, el sector reclama un plan de choque habitacional basado en la colaboración entre administraciones y empresas.
En clave local, el presidente de la asociación de inmobiliarias salmantinas, Manuel Arias, advirtió de un escenario complicado de cara a 2026, marcado no por la falta de demanda, sino por la escasez de vivienda disponible, un desequilibrio que podría reducir el número de compraventas si no se adoptan medidas a corto plazo.