Una trabajadora del Centro Penitenciario de Topas, en Salamanca, ha resultado herida tras sufrir una agresión por parte de un interno durante el desempeño de sus funciones, en un nuevo episodio que vuelve a poner el foco en las condiciones de seguridad dentro de las prisiones.
El suceso tuvo lugar mientras la funcionaria realizaba tareas habituales de vigilancia en uno de los módulos. En el transcurso del protocolo de salida de celdas, solicitó a un recluso que abandonara su estancia, momento en el que este reaccionó de forma hostil. Según las denuncias sindicales, el interno comenzó a insultarla y amenazarla, acompañando su comportamiento con gestos obscenos de carácter sexual.
La situación se agravó cuando el preso, lejos de obedecer, se desnudó y se introdujo en la zona de duchas, manteniendo su actitud desafiante. A pesar de encontrarse sola en ese momento, la funcionaria logró contener el incidente y evitar que fuera a más, asegurando al interno en su celda.
No obstante, durante el posterior traslado del recluso, se produjo la agresión física. El interno propinó varios golpes a la trabajadora, causándole una lesión en el dedo pulgar de la mano derecha que requirió atención médica.
Tras lo ocurrido, los sindicatos CSIF y CCOO han condenado los hechos y advierten de que este tipo de episodios se repiten con creciente frecuencia. Denuncian que el personal penitenciario trabaja en un entorno cada vez más complejo, marcado por la escasez de efectivos, la falta de recursos y una normativa que consideran insuficiente para afrontar la realidad actual.
Las organizaciones sindicales insisten en la necesidad de adoptar medidas urgentes, entre ellas el reconocimiento legal de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, el refuerzo de la protección jurídica y la modernización de los medios de intervención. Asimismo, reclaman un aumento de las plantillas y una implicación más decidida por parte de las administraciones.
Desde los representantes de los trabajadores se subraya que la seguridad en los centros penitenciarios no puede depender únicamente de la actuación individual de los profesionales, sino que debe sustentarse en un marco legal adecuado y en recursos suficientes que garanticen su integridad física en el ejercicio de su labor.