La Audiencia Provincial de Salamanca ha dictado una sentencia contundente contra los tres implicados en la retención ilegal de una mujer durante varios meses en el barrio de Chamberí. El fallo establece penas que, en conjunto, superan los 22 años de prisión, además de indemnizaciones económicas por los perjuicios causados.
Los hechos probados sitúan a la víctima en una situación de especial fragilidad, con una discapacidad psíquica elevada y problemas de salud que requerían apoyo en su vida diaria. Esta circunstancia fue clave para que los principales acusados, una pareja, lograran ganarse su confianza y convencerla para convivir con ellos en 2024, trasladándola posteriormente a una vivienda ocupada.
Cinco meses en condiciones degradantes
Una vez en el inmueble, la mujer permaneció contra su voluntad en un entorno insalubre y sin las condiciones básicas de habitabilidad, ya que la vivienda carecía de acceso a suministros esenciales como agua o electricidad, siendo obligada a dormir en un colchón deteriorado y a usar un cubo para hacer sus necesidades. Demás la alimentación que recibía era insuficiente, lo que derivó en un deterioro físico notable.
El encierro se prolongó hasta diciembre de ese mismo año, cuando un vecino alertó a las autoridades tras recibir una petición de auxilio. La intervención policial, con apoyo de los bomberos, permitió acceder al inmueble y liberar a la víctima, que había manifestado que pasaba hambre y no podía salir.
Beneficio económico y reparto de responsabilidades
Durante el tiempo que duró la retención, los condenados accedieron a la tarjeta bancaria de la mujer y realizaron extracciones y pagos por valor de más de 2.100 euros. Según recoge la resolución judicial, la pareja se benefició directamente de este dinero, procedente en gran parte de una pensión mensual que percibía la víctima.
El tercer implicado, que actuaba bajo las indicaciones de los otros dos, tuvo un papel secundario, colaborando en tareas puntuales dentro del domicilio sin obtener rédito económico.
Penas de prisión e indemnizaciones
La sentencia impone a cada miembro de la pareja más de once años de prisión al sumar las condenas por detención ilegal, atentado contra la integridad moral y estafa continuada. Por su parte, el tercer acusado, que sufría una ligera discapacidad intelectual, ha sido condenado a una pena superior a los dos años de cárcel, por su participación en los hechos.
Además de las penas privativas de libertad, los tres deberán abonar de forma conjunta una indemnización de 6.000 euros por el daño moral causado, así como reintegrar el dinero sustraído a la víctima.
El testimonio de la víctima
Durante el proceso judicial, la mujer relató las secuelas psicológicas que arrastra tras lo sucedido, asegurando que continúa sufriendo episodios de miedo y desorientación sobre su situación actual, también explicó que no recibió la atención médica que solicito, pese a que le remarcó a sus captores la gravedad de las enfermedades que sufría, una circunstancia que agrava aún más la dureza de los hechos.
Con esta resolución, el tribunal considera acreditada la gravedad de lo ocurrido y pone fin a un caso que ha evidenciado el riesgo de abuso sobre personas en situación de vulnerabilidad.