Los trabajadores del centro penitenciario de Topas han alzado la voz este martes para denunciar la precariedad con la que desempeñan su labor. En una concentración convocada a las puertas de la prisión salmantina, representantes sindicales de CSIF y ACAIP-UGT han exigido más recursos humanos y materiales, así como el reconocimiento jurídico como agentes de la autoridad, de modo que las agresiones que sufren sean consideradas delito de atentado.
La protesta se enmarca en una movilización nacional impulsada tras el grave suceso ocurrido el pasado 8 de julio en la prisión de Sevilla II, donde una psicóloga fue agredida física y sexualmente por un interno con un amplio historial delictivo. Unos hechos que para los funcionarios, "reflejan una peligrosa pérdida de control en los centros penitenciarios".
Desde CSIF, Paco Herrero, portavoz del sindicato en Castilla y León, ha advertido de que el actual modelo de gestión penitenciaria, que califica de “excesivamente permisivo”, está derivando en un incremento de episodios violentos dentro de las prisiones. “Necesitamos normas claras que refuercen la disciplina y el respeto”, afirmó, al tiempo que ha defendido la importancia de una convivencia segura tanto para los trabajadores como para los propios reclusos.
Uno de los principales problemas señalados es la falta de personal. En el caso de Topas, aseguran que apenas hay dos funcionarios por módulo, encargados de controlar a grupos de hasta 160 internos. “No podemos hacer nada con nuestras manos contra tanta gente. Si se desata un incidente grave, ni siquiera tenemos margen de reacción”, ha lamentado Herrero.
Los medios disponibles para responder a situaciones de riesgo, explican, se reducen prácticamente al uso físico de la fuerza, limitado por protocolo, y a unas defensas que solo pueden utilizarse en casos muy concretos. “Cuando estalla un conflicto, hay que actuar rápido. Si no se corta de inmediato, puede escalar y convertirse en un problema grave”, alertan.
Los trabajadores reclaman también una mejora legislativa que les proporcione amparo ante insultos, amenazas o agresiones, muchas de las cuales —aseguran— quedan impunes por no poder demostrarse al no estar grabadas. “Trabajar sabiendo que puedes ser agredido verbal o físicamente cada día, sin que eso tenga consecuencias reales para el agresor, es insostenible”, denuncian.
El Congreso estudia actualmente una propuesta para que los funcionarios de prisiones sean reconocidos como autoridad pública, algo que los sindicatos consideran urgente y esencial para frenar la creciente sensación de impunidad entre los internos. “No se trata de endurecer por endurecer, sino de garantizar unas condiciones mínimas de seguridad y respeto que permitan a todos —funcionarios y presos— convivir en un entorno donde reine el orden”, concluyen.