Jueces y fiscales de Ponferrada se concentran contra la reforma de la ley de acceso a sus profesiones. No descartan ir a la huelga si su tramitación parlamentaria mantiene el actual texto. Creen que se lesiona el mérito, capacidad y temen una politización de la justicia. La concentración se produjo en toda España.
Magistrados, jueces y fiscales de Castilla y León protagonizaron este miércoles un paro simbólico en diversas sedes judiciales de la Comunidad para manifestar su rechazo a las reformas impulsadas por el Gobierno en relación con el acceso a las carreras judicial y fiscal, asà como al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Según advirtieron, estas iniciativas legislativas ponen bajo amenaza la independencia judicial en España.
La protesta fue convocada por cinco asociaciones profesionales: la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. En un manifiesto conjunto, reclamaron la retirada inmediata de los proyectos y avisaron de que, de no producirse, se plantearán medidas de conflicto más intensas, como la huelga.
Los convocantes denuncian que la reforma del sistema de acceso a las carreras judicial y fiscal, tramitada injustificadamente por vÃa de urgencia, no responde a ninguna demanda social ni profesional. Además, aseguran que ha recibido un informe técnico muy crÃtico por parte del Consejo General del Poder Judicial. A su juicio, la reforma rebajará los estándares de conocimiento exigidos, introducirá pruebas más subjetivas y creará un centro preparador de opositores dependiente del Gobierno, lo que podrÃa facilitar una selección ideológica de jueces y fiscales.
También critican que el anteproyecto de reforma del Estatuto del Ministerio Fiscal aumentará el poder del Fiscal General del Estado, cargo que seguirá siendo designado por el Gobierno, sin filtros previos, en un contexto donde se pretende crear fiscales de instrucción sin garantÃas de autonomÃa. Esto, afirman, va en contra de las recomendaciones de la Unión Europea y aumentará el riesgo de injerencia polÃtica, especialmente en causas de corrupción.
Las asociaciones subrayan que estas reformas se enmarcan en un contexto de ataque al poder judicial por parte de representantes polÃticos, que desacreditan resoluciones judiciales, tratan al Ministerio Fiscal como un apéndice del Ejecutivo y minan la confianza ciudadana en la Justicia. En ese sentido, recalcan que la independencia judicial no es un privilegio corporativo, sino una garantÃa democrática para todos.
Por último, reclamaron una vez más la creación urgente de nuevas plazas judiciales y fiscales, una demanda que, aseguran, llevan formulando desde hace lustros para mejorar la calidad y agilidad del sistema judicial.