La Junta de Castilla y León aprobó un conjunto de medidas para paliar las consecuencias de la guerra en Oriente Medio que incorpora 25 iniciativas por casi 170 millones, a las que se unen las tres rebajas de impuestos adoptadas por el Gobierno que supondrán para las arcas de la Comunidad dejar de ingresar 117,4 millones hasta el 30 de junio. En conjunto, este paquete. que se articula a través de siete ejes, tendrá un impacto económico de 286,7 millones.
En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, el portavoz de la Junta y consejero en funciones de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, informó sobre el contenido de este “primer” bloque de medidas que pretende hacer frente al encarecimiento del petróleo, el gas y los insumos básicos, lo que incrementa los costes de producción para empresas y autónomos, agricultores, ganaderos y familias.
En concreto, las 25 medidas del Ejecutivo autonómico y las tres rebajas de impuestos -electricidad, hidrocarburos y el IVA- del Real Decreto-Ley de 20 de marzo están dirigidas a apoyar la actividad económica y el empleo, reforzar el transporte colectivo a través del sistema Buscyl y el apoyo a las familias. También pretenden avanzar en la eficiencia y el ahorro energético y garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios públicos.
Financiación
La Junta prevé 113 millones en medidas de financiación para los sectores empresariales con el objetivo de paliar los cambios extraordinarios en las variables del mercado y los incrementos energéticos. Incluye una línea de adaptación a alzas de costes, hasta 750.000 euros y bonificación del 1,75 por ciento y un plazo de amortización de hasta 180 meses, de los cuales hasta 24 pueden ser de carencia.
También se prevé financiación para el circulante a la internacionalización para pymes, hasta 500.000 euros, con una bonificación del 2,5 por ciento y un plazo de amortización de hasta 60 meses, de los cuales hasta 24 pueden ser de carencia. Frente a los costes energéticos, las empresas exportadoras que inviertan en sistemas de autoconsumo, hasta 500.000 euros, recibirán una bonificación del 2,5 por ciento, con un plazo de amortización de hasta 180 meses de los cuales hasta 24 pueden ser de carencia.
Además, incluye un fondo de internacionalización para participar en capital de empresas o préstamos participativos para fomentar la internacionalización, con hasta 300.000 euros, una amortización en diez años con un límite de tres de carencia- tipo de interés máximo 1,5 por ciento-. También, se amplía la carencia de los proyectos de reindustrialización y de industrias de proyectos endógenos (forestal, agro, piedra) y se renegociarán las operaciones suscritas a través de la ampliación de plazo de carencia de los préstamos ya otorgados.
Empleabilidad, transporte y urgencia social
La Junta prevé impulsar, con siete millones, programas de cualificación directamente vinculados a los servicios digitales, tecnológicos, biosanitarios, logísticos, energéticos y de servicios avanzados a la industria, para adquirir nuevas competencias e incrementar la empleabilidad y la competencia empresarial, así como favorecer la atracción y fidelización del talento e incentivar el empleo en sectores estratégicos.
Otros cinco millones se dedicarán a fomentar el transporte de viajeros, con un refuerzo e incremento de las rutas de Buscyl con mayor intensidad en el uso para ajustar la oferta a la “mayor” demanda de los ciudadanos derivada del incremento del precio de los combustibles.
Esto, según estima el Ejecutivo, supondrá un aumento del coste de los contratos gestionados por la Comunidad, ya que según apuntó Fernández Carriedo los viajeros diarios han pasado de los 43.500 de enero a los 56.300 de marzo, un 23 por ciento más, y las solicitudes de la tarjeta Buscyl han pasado de las 6.700 registradas a principios de año a las 8.000 diarias del pasado mes.
También se activará en caso necesario los bonos de urgencia social para situaciones de necesidad de las familias vulnerables, para lo que se reserva un millón de euros.