Un nuevo choque político se ha producido entre la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido por Óscar Puente. Esta vez, el motivo es la bonificación de peajes que el Gobierno autonómico quiere aplicar en 2026 en varias autopistas que cruzan el territorio de la Comunidad.
La Consejería de Movilidad y Transformación Digital, liderada por José Luis Sanz Merino, ha defendido una partida de diez millones de euros en los Presupuestos de 2026 para cubrir estos descuentos, una medida que enmarca dentro de su estrategia para luchar contra la despoblación.
AUTOPISTAS AFECTADAS Y DUDAS LEGALES
Según ha conocido esRadio Castilla y León, la medida beneficiaría a usuarios recurrentes empadronados en la Comunidad que transiten por las autopistas AP-6, AP-51, AP-61 y AP-71, y podría extenderse a la AP-66, que conecta León con Asturias.
Sin embargo, la secretaria general de Transporte Terrestre, Rocío Báguena, ha advertido en el Congreso que esta bonificación podría vulnerar la normativa comunitaria, al aplicar condiciones diferentes según el lugar de residencia, algo que va contra el principio de igualdad de trato de la Unión Europea.
LA RESPUESTA DE LA JUNTA: "CUBRIMOS SU VACÍO"
La respuesta del consejero José Luis Sanz Merino no se ha hecho esperar. Durante el Foro de Innovación de Carreteras en Valladolid, ha replicado con contundencia a las críticas del Ministerio: “Cubrir el vacío que deja el Gobierno central es un gesto político que asumimos”, ha declarado.
Además, ha comparado esta medida con otras ya existentes como el sistema Buscyl o los descuentos del 25% en los abonos de media distancia ferroviaria, recordando que “no han generado conflictos legales similares”.
¿DISCRIMINACIÓN O APOYO AL TERRITORIO?
El Gobierno autonómico insiste en que la medida busca compensar la falta de acciones estatales en materia de movilidad en Castilla y León, y que otras infraestructuras, como la AP-9 en Galicia o la circunvalación de Alicante, sí cuentan con descuentos o supresiones del peaje sin que el Ministerio haya planteado objeciones. La Junta asegura que esta bonificación responde a una necesidad territorial y que su diseño final aún está en proceso, pendiente de definir criterios exactos sobre quiénes y cómo podrán acceder a estos descuentos.
UNA MEDIDA AÚN EN CONSTRUCCIÓN
Pese a las críticas del Gobierno central, la Junta mantiene firme su apuesta por esta medida, que considera clave para mejorar la conectividad rural, facilitar el transporte de trabajadores y frenar la migración interna hacia otras comunidades más conectadas. Por el momento, el Ejecutivo autonómico no ha detallado cómo se articularán los descuentos, si será a través de aplicaciones, sistemas de matrícula o tarjetas de usuario. Lo que sí ha dejado claro es que no tiene intención de dar marcha atrás.