La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León y las organizaciones profesionales agrarias han lanzado un mensaje conjunto y contundente: no apoyarán el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur salvo que se garantice una reciprocidad real en los términos de intercambio.
En una reunión celebrada en Valladolid durante el Consejo Regional Agrario, las partes acordaron por unanimidad exigir los mismos estándares medioambientales, sanitarios y sociales para las importaciones procedentes de países terceros.
EXIGENCIAS CLARAS: CONTROLES, AUDITORÍAS Y TRAZABILIDAD
La Junta y las Organizaciones Profesionales Agrarias han reclamado el refuerzo de controles en frontera, así como la realización de auditorías e inspecciones en los países exportadores para comprobar el cumplimiento de requisitos sanitarios, fitosanitarios y de bienestar animal.
Según ha trasladado la consejera María González Corral, es esencial que España adopte una postura firme en Bruselas para “defender la reciprocidad” en el acuerdo. Además, ha solicitado al Gobierno central un análisis territorial y sectorial detallado del impacto, con atención específica a los sectores más sensibles de Castilla y León.
GARANTÍAS Y SALVAGUARDAS ANTE UNA POSIBLE AVALANCHA
La Consejería propone incorporar cláusulas de salvaguarda efectivas e inmediatas ante un aumento descontrolado de importaciones o una caída severa de precios. Estas medidas incluirían, cuando fuera necesario, compensaciones económicas operativas.
Además, el acuerdo con Mercosur debería estar vinculado al nuevo Marco Financiero Plurianual y a una PAC post-2027 sólida y sin recortes, manteniendo los fondos Feaga y Feader con dotaciones reforzadas.
EL CAMPO, EN GUARDIA: POSTURAS DE LAS OPAS
El presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, fue rotundo: “Este acuerdo pone en peligro nuestras explotaciones y los ciudadanos consumirán productos sin las garantías que aquí se exigen”. Pidió a los eurodiputados castellanoleoneses votar en contra del pacto, que se firmará próximamente en Paraguay.
Por su parte, el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, advirtió que muchas de las cláusulas de salvaguarda no están pactadas con los países de Mercosur, y denunció el uso de fitosanitarios prohibidos en la UE en esos territorios. “Estamos jugando con el futuro de la alimentación europea”, señaló.
PELIGRO PARA LA SOBERANÍA ALIMENTARIA
Desde la Alianza por la Unidad del Campo, el secretario autonómico de UPA, Aurelio González, denunció que el acuerdo beneficia a la industria del automóvil, pero sacrifica al sector agrario. Alertó del riesgo de abandono de las 1,5 millones de hectáreas de cereal de secano si caen los precios aún más. “Será pasto de las llamas”, advirtió.
López fue tajante: “El 80 % de los fitosanitarios que se usan en Brasil están prohibidos en la UE. Si seguimos destruyendo la agricultura europea, pasaremos hambre en futuras crisis”.
LA JUNTA ENVÍA SU POSICIÓN A MADRID Y BRUSELAS
El documento de consenso será remitido tanto al Gobierno de España como a las instituciones europeas competentes. María González Corral adelantó que abordará la preocupación del sector con el ministro Luis Planas en el próximo Consejo Consultivo de Política Agraria. Reiteró que la Junta no rechaza el acuerdo “siempre que se garanticen los principios de reciprocidad y se apliquen cláusulas de salvaguarda efectivas”.