El Gobierno central ha propuesto un nuevo reparto de menores migrantes no acompañados que ha generado una fuerte polémica con la Junta de Castilla y León. En concreto, la comunidad estaría obligada a acoger hasta 763 menores, una cifra que triplica la capacidad actual y supera ampliamente las estimaciones previas de unas 300 plazas.
La situación fue abordada durante la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada esta semana, donde el Ejecutivo central trasladó el plan sin ofrecer, según la Junta, datos ni criterios claros. El portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha calificado la medida de "injusta y desproporcionada", subrayando que supone un incremento del 300% en la red de acogida de la región, mientras otras como Cataluña solo tendrían que ampliarla un 5%.
“No se puede improvisar con personas”
La vicepresidenta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, advirtió que el modelo actual “no se puede improvisar”, ya que acoger a menores migrantes implica contar con profesionales cualificados, infraestructuras adecuadas y una gestión transparente.
En lo que va de año, Castilla y León ha llegado a tener 198 menores acogidos simultáneamente, mientras que el total de atendidos en 2024 alcanza los 275, según datos oficiales ofrecidos por la Junta. Actualmente, se dispone de 130 plazas específicas, pero la nueva asignación del Gobierno multiplica ese número sin previo aviso.
Críticas a la falta de transparencia y financiación
Una de las principales denuncias del Ejecutivo regional es la falta de información sobre los criterios usados para distribuir a los menores. Fernández Carriedo señaló que “no sabemos si se refieren a las 130 plazas, a los 198 picos de ocupación o al acumulado de 275. Todas esas cifras varían mucho, pero no se ha dado ninguna explicación”.
Además, se alerta de que el Gobierno mezcla edades y perfiles distintos, desde menores de tres años hasta adolescentes mayores de 15, lo que complica aún más el diseño de programas de atención especializados.
Castilla y León pide equidad
En declaraciones recogidas por esRadio Castilla y León, el portavoz autonómico reclamó un reparto “justo y equilibrado”, y recordó que la gestión de fronteras y el control migratorio son competencia exclusiva del Estado. “No se puede pedir a unas comunidades esfuerzos del 300% y a otras solo un 5%”, criticó.
También insistió en que no hay financiación clara ni previsión logística. “No sabemos cuántos vendrán ni con qué recursos”, lamentó. Este escenario impide que Castilla y León prepare con garantías sus infraestructuras ni personal.
¿Crisis humanitaria o imposición política?
Desde la Junta se apunta a un posible trato desigual entre regiones, al considerar que la distribución obedece más a presiones políticas que a criterios técnicos. “Para acoger menores se nos exige un esfuerzo descomunal, pero a la hora de repartir beneficios económicos se favorece a quienes más presionan”, concluyó Carriedo.
Mientras tanto, localidades como Armenteros (Salamanca) ya han comenzado a recibir nuevos grupos de menores procedentes de Canarias, lo que da inicio a una etapa crítica de adaptación y asistencia en la comunidad.
La Junta asegura estar dispuesta a colaborar, pero exige que el Gobierno actúe con responsabilidad de Estado, claridad en los datos y recursos suficientes para una atención digna y eficaz a los menores migrantes.