El campo de la Comunidad ha dicho basta, las principales organizaciones profesionales agrarias, Asaja, UPA, COAG y UCCL, se han movilizado en Valladolid para denunciar una situación crítica. Los profesionales del sector señalan directamente a una especulación injustificada que está disparando los costes de producción por encima del 40%, aprovechando el contexto de inestabilidad internacional.
La ruina de las explotaciones agrarias
La unidad de acción mostrada hoy busca frenar el enriquecimiento de las multinacionales a costa de los productores locales. El Presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, ha alertado de que los incrementos de precios se aplican sobre stock de seguridad ya comprado antes de los conflictos bélicos. Esta subida "artificial" de los insumos agrícolas supone un golpe letal en un momento clave como es la siembra de primavera.
Pérdidas diarias millonarias en la Comunidad
En informaciones recogidas por esta redacción, se estima que el sobrecoste alcanza ya los 100 euros por hectárea, lo que se traduce en una sangría económica de un millón de euros diarios para el sector primario regional. El Coordinador Regional de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, ha exigido una ley urgente que regule los precios y evite que se especule con productos esenciales como la energía y los alimentos básicos.
El riesgo de desabastecimiento alimentario
La preocupación no es solo económica, sino de supervivencia. El Coordinador de COAG Castilla y León, Lorenzo Rivera, advierte que estamos ante una crisis sin precedentes que podría derivar en el abandono masivo de tierras. Sin ayudas directas y una intervención real en la cadena alimentaria, la producción de cereal y otros cultivos estratégicos en la región está seriamente comprometida.
Exigencias inmediatas a las administraciones
El sector exige un paquete de medidas que incluye préstamos a interés cero, bonificaciones fiscales y un plan de choque específico para el sector cerealista. Las opas han criticado duramente la falta de consenso político tras los últimos procesos electorales, instando a la Junta de Castilla y León y al Gobierno de España a asumir responsabilidades para evitar una subida imparable en el ticket de la compra de los ciudadanos.