La situación de la enseñanza pública en la Comunidad ha llegado a un punto de no retorno según el último informe presentado por CSIF Castilla y León. La presidenta del sector, Isabel Madruga, junto al responsable nacional, Mario Gutiérrez, han puesto sobre la mesa datos que no se analizaban desde hace 16 años. El diagnóstico es claro: a pesar de los buenos resultados generales en el Informe PISA, el motor del sistema sufre una precariedad económica creciente.
Salarios congelados en el tiempo
Un maestro con 15 años de antigüedad en Castilla y León percibe hoy 124 euros menos al mes que la media de sus homólogos en España. Si nos fijamos en los docentes de Secundaria o Formación Profesional, la brecha salarial escala hasta los 148 euros mensuales. Esta pérdida adquisitiva sitúa a los profesionales de la región en una posición de clara desventaja frente a otras comunidades, lo que ha llevado al sindicato a exigir una negociación urgente para lograr la equiparación salarial inmediata.
El muro de la temporalidad
La estabilidad laboral es la otra gran asignatura pendiente de la Consejería de Educación. Aunque la normativa europea y nacional exige reducir la temporalidad por debajo del 8%, Castilla y León presenta una tasa de interinidad del 34%. Este dato, calificado de "vergonzoso" por el sindicato, impide una planificación educativa de futuro y mantiene a miles de docentes en una situación de incertidumbre constante, afectando directamente a la calidad del servicio en las aulas.
Inversión real a la baja
Los datos de inversión por alumno arrojan una realidad incómoda para los gestores públicos. Teniendo en cuenta la inflación, la Junta de Castilla y León gasta hoy menos por cada estudiante que hace década y media. Con una inversión aproximada de 8.800 euros por alumno, la calidad educativa sobrevive gracias al esfuerzo individual del profesorado y no por una estructura de financiación sólida, algo que impacta en el preocupante 26% de alumnado con resultados mínimos.
Retos para el nuevo Gobierno
La formación del nuevo Ejecutivo autonómico debe traer consigo la aplicación del acuerdo de septiembre de 2025. Entre las prioridades ineludibles para el curso 2026/2027 se encuentran la mejora de la atención a la diversidad, la reducción de la burocracia y la convocatoria de plazas de cátedra. Además, la organización sigue impulsando la ILP para implantar la enfermería escolar, una medida esencial para que los docentes no asuman tareas sanitarias para las que no están formados.