Carlos Fernández Carriedo, portavoz de la Junta de Castilla y León, durante su intervención tras el Consejo de Gobierno
Carlos Fernández Carriedo, portavoz de la Junta de Castilla y León, durante su intervención tras el Consejo de Gobierno

La Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes en Barcelona ha arrancado en medio de una creciente polémica. El uso de pinganillos para permitir los idiomas cooficiales ha desatado un vendaval político que amenaza con eclipsar los temas realmente urgentes para las comunidades autónomas.

 

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha ironizado dejando clara la posición del Ejecutivo autonómico ante lo que considera una distracción orquestada desde La Moncloa.

 

Durante su comparecencia tras el Consejo de Gobierno, Carriedo subrayó que mientras otras regiones se centran en el simbolismo lingüístico, Castilla y León acude “con voluntad de entendimiento y soluciones reales”. Según ha conocido este medio, entre las propuestas clave de la Junta figuran la financiación autonómica, la crisis de los profesionales sanitarios, la mejora del ferrocarril, medidas contra futuros apagones y la negativa a una posible condonación de la deuda a ciertas comunidades.

 

Por otro lado, desde Vox, el portavoz en las Cortes de Castilla y León, David Hierro, ha lanzado una acusación incendiaria: “El PP convoca una manifestación contra la mafia y dos días antes se sienta con ella”. Además, ha calificado la Conferencia de Presidentes como “una invención ridícula de Zapatero”.

 

Desde el PSOE, Patricia Gómez Urbán ha reprochado que los presidentes del PP “no acuden con propuestas para la ciudadanía, sino a hacer oposición al Gobierno de España”. La socialista incluso ha señalado que “si de esta Conferencia no sale nada útil, no será por el Gobierno, sino por el boicot del PP”.

 

Con este ambiente de enfrentamiento, el encuentro entre los principales líderes autonómicos se convierte en un campo de batalla político donde el verdadero objetivo —la mejora de los servicios públicos y la gestión de competencias— parece haber quedado en un segundo plano.

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