El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto que regula la capacidad ordinaria del sistema de protección de menores extranjeros no acompañados en todas las comunidades y ciudades autónomas. El reparto asigna 783 plazas a Castilla y León, aplicando la ratio nacional de 32,6 menores por cada 100.000 habitantes.
Recurso contra el decreto
La Junta de Castilla y León ha rechazado frontalmente esta medida por considerarla “una imposición”. La consejera de Familia e Igualdad, Isabel Blanco, confirmó que se presentará un recurso contra el decreto, basando su decisión en tres argumentos clave: invasión de competencias autonómicas, falta de consenso y el incumplimiento por parte del Ejecutivo de una sentencia del Tribunal Supremo que obligaba a acoger a un millar de menores en Canarias.
Situación nacional
El mapa de asignación sitúa a Andalucía (2.827 plazas), Cataluña (2.650), la Comunidad de Madrid (2.325) y la Comunidad Valenciana (1.767) como los territorios con mayor carga, mientras que Melilla (28) y Ceuta (27) registran las cifras más bajas. Otras regiones como Galicia (886), Canarias (737) o País Vasco (731) quedan por debajo del millar.
Qué dicen desde el ejecutivo central
Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, defendió que esta aprobación es “un punto de inflexión para garantizar una acogida vinculante, digna y solidaria a los menores migrantes”. Según destacó, ya está previsto el inicio de los traslados conforme al protocolo establecido.
La normativa
Este Real Decreto desarrolla la disposición adicional undécima de la Ley de Extranjería, modificada por el Real Decreto-ley 2/2025, que establece medidas urgentes para proteger el interés superior de la infancia ante contingencias migratorias extraordinarias. Además, fija que las comunidades que tripliquen su capacidad ordinaria serán declaradas en “situación de contingencia migratoria extraordinaria”, lo que permitirá la activación inmediata de traslados.