La admisión a trámite de una querella por delitos de extrema gravedad, que incluyen agresión sexual, coacciones y malversación de caudales públicos contra el que fuera Director Adjunto Operativo (DAO), José Ángel González, ha reactivado la memoria colectiva en la capital del Pisuerga. El mando, conocido internamente como 'J', dejó una huella profunda durante su etapa en la ciudad, una gestión que ahora es cuestionada bajo una nueva y oscura luz tras las graves acusaciones de una funcionaria de la Policía Nacional.
Indignación por el trato de favor
La respuesta de los agentes de base no se ha hecho esperar ante la gravedad de los hechos denunciados. Víctor González, Secretario Regional de JUPOL, ha manifestado una postura tajante en declaraciones a esRadio Castilla y León, señalando que la dimisión es insuficiente y que el cese debería haber sido fulminante. Desde la organización sindical se denuncia un agravio comparativo flagrante en el uso del régimen disciplinario, asegurando que mientras a un policía de escala básica se le sanciona con dureza por faltas menores, la cúpula parece haber gozado de una impunidad sistemática hasta que el escándalo ha saltado a la vía judicial.
Sospechas de clientelismo
La conexión vallisoletana del caso adquiere tintes personales al analizar cómo se gestionaban los destinos bajo el mando del ahora querellado. Según ha trasladado Víctor González, durante la estancia del ex DAO en Valladolid, se percibía una división clara entre quienes gozaban de su favor, terminando en puestos privilegiados o embajadas, y aquellos que sufrían el rigor del mando. Esta estructura de poder personalista es la que, según el sindicato, ha permitido que situaciones de presunto abuso de autoridad y coacciones se prolongaran en el tiempo sin que los mecanismos de control interno de la Dirección General se activaran.
La tensión no se quedará en los despachos
El sindicato mayoritario ha convocado una gran concentración para el próximo 23 de febrero frente a la sede del Ministerio del Interior. La exigencia es clara y apunta a lo más alto: la dimisión del ministro Fernando Grande-Marlaska y del director general Francisco Pardo Piqueras. Para los representantes de los agentes en la provincia, es inverosímil que los máximos responsables no tuvieran constancia de las conductas de su mano derecha, especialmente cuando la identidad de la denunciante trascendió en apenas unas horas.
La brecha entre base y cúpula
El sentimiento de desprotección entre los policías que patrullan las calles de Valladolid es creciente. La preocupación ahora se centra en el daño irreparable a la imagen de la institución, mientras la plantilla espera que este proceso judicial sirva para depurar una estructura que, a su juicio, ha utilizado el miedo y el castigo arbitrario para mantener silenciadas las irregularidades en el seno del cuerpo.