La Junta de Castilla y León ha retirado este jueves el proyecto de Ley de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género, que se encontraba en tramitación parlamentaria. La decisión llega tras el anuncio del PSOE de votar en contra del texto y de abandonar la ponencia parlamentaria encargada de debatir las enmiendas.
Según ha explicado el portavoz del Ejecutivo, Carlos Fernández Carriedo, la retirada responde a “la imposibilidad de alcanzar un consenso”, después de que los socialistas comunicaran su rechazo a continuar con el proceso y exigieran la inclusión íntegra de más de 100 enmiendas como condición para apoyar la ley.
EL PSOE Y VOX, CLAVES EN LA PARALIZACIÓN
El portavoz del Gobierno autonómico ha subrayado que desde enero de 2025 se celebraron hasta siete ponencias parlamentarias, lo que considera un proceso “suficiente de diálogo”. Sin embargo, según ha informado, el PSOE notificó por escrito su salida de la ponencia y advirtió que solo votaría a favor si se aceptaban todas sus enmiendas.
A ello se suma el rechazo anunciado previamente por Vox, lo que deja sin apoyos parlamentarios suficientes a la propuesta. “El voto de Vox más el del PSOE conforman la mayoría necesaria para derribar este proyecto”, ha afirmado Carriedo.
LA JUNTA DEFENDERÁ LA LEY “EN OTRO MOMENTO”
Pese a la retirada, el portavoz ha asegurado que la Junta mantiene su compromiso de volver a presentar la ley en el futuro. “Tras las elecciones, y con otra mayoría parlamentaria, intentaremos sacarla adelante, porque creemos que es una buena ley”, ha asegurado.
La ley vigente, aprobada en 2010 con amplio consenso, continuará aplicándose. Carriedo ha insistido en que “no se puede permitir una ley de este tipo sin un respaldo político amplio”.
RESPUESTA POLÍTICA: ACUSACIONES CRUZADAS
El secretario autonómico del PSOECyL, Carlos Martínez, ha calificado la retirada como “una vergüenza y una rendición ideológica”, acusando al presidente Mañueco de “postrarse ante Vox” y abandonar la defensa de las mujeres.
La respuesta de la Junta no se ha hecho esperar. Carriedo ha replicado que “el PSOE de arrodillarse y de rendiciones sabe mucho más que el PP, que ha demostrado que defiende sus posiciones”.
UNA LEY CON NOVEDADES QUE QUEDA EN EL CAJÓN
El proyecto, aprobado inicialmente el 9 de enero por el Consejo de Gobierno, incorporaba novedades como el reconocimiento de nuevas formas de violencia digital, vicaria y de segundo orden. También preveía la puesta en marcha de centros de crisis ‘Atiendo’ y un refuerzo en la red de atención.
Según los informes técnicos, la aplicación de la ley supondría un coste de 14,26 millones de euros anuales.
Pese a haber sido negociada con múltiples colectivos y presentada como una norma “menos excluyente”, el Parlamento ha frenado su avance. La Junta espera encontrar en el futuro la mayoría política necesaria para retomar el proyecto.