La Junta de Castilla y León ha formalizado su decisión de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo contra la regularización extraordinaria de inmigrantes impulsada por el Gobierno de España. Según ha confirmado el portavoz del Ejecutivo, Carlos Fernández Carriedo, la Comunidad emprenderá esta vía judicial al considerar que la medida podría colisionar con la normativa de la Unión Europea, especialmente en lo relativo a la libre circulación de personas.
Para la redacción de este recurso, los servicios jurídicos se basarán en un informe encargado a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Carriedo ha señalado que el proceso actual presenta "ciertas dificultades", destacando la aparición de largas colas en los puntos de trámite y la complejidad para acreditar los requisitos exigidos, lo que a su juicio genera inseguridad y no siempre garantiza el cumplimiento de las condiciones por parte de los solicitantes.
En el marco de las negociaciones para formar gobierno en la Comunidad, el portavoz ha abogado por actuar con prudencia, evitando valorar propuestas de otras formaciones sobre inmigración hasta que exista un acuerdo cerrado. Mientras el Gobierno central defiende que la medida reducirá la economía sumergida y mejorará la integración, la Junta sostiene que el Real Decreto debe ser impugnado para salvaguardar el ordenamiento jurídico europeo.