Cerca de 352.000 personas en Castilla y León se encuentran en situación de exclusión social. Esto supone un 14,8% de la población total. La tendencia no deja de crecer desde 2018. Así lo reflejó el Informe sobre Inclusión y Desarrollo Social de la Fundación Foessa, presentado este lunes en Valladolid.
El estudio, basado en datos de 2024, confirmó que la exclusión creció en 28.000 personas respecto a 2018 y que la recuperación posterior a la pandemia "no fue suficiente" para revertir el retroceso social provocado por la crisis sanitaria. Según explican desde Cáritas, estos datos reflejan como los positivos rendimientos macroeconómicos de España no se traducen en mejoras en la vida cotidiana.
Además, la exclusión severa afecta ya a 130.000 personas en la comunidad, un 5,5% del total.
El problema de la vivienda
El documento subrayó que el acceso a la vivienda se ha convertido en el principal factor de exclusión. Una de cada cinco personas de la comunidad sufre problemas relacionados con la tenencia o el coste de su hogar, y el 7% vive en inmuebles inadecuados o inseguros.
Pedro Fuentes, miembro del Comité Técnico de Foessa, sostuvo que la vivienda es "el cuello de botella de la integración social" debido al encarecimiento de los precios —un 30% en compra y hasta un 34% en alquiler desde 2018— y a la limitada oferta disponible. "Sin una política de vivienda seria, la mejora económica nunca llegará a los hogares vulnerables", concluyó.
El informe desmonta también el mito de que las personas vulnerables viven de prestaciones sociales. Fuentes, afirmó que, actualmente, "trabajar ya no garantiza la inclusión". Tres de cada cuatro hogares en exclusión severa mantiene estrategias activas para mejorar su situación, como trabajar, estudiar o participar en programas de inserción.
La valoración del Arzobispo
La situación preocupó especialmente al arzobispo de Valladolid, monseñor Luis Argüello, quien defendió que combatir la pobreza debe situarse en el centro del debate público.
Ante las elecciones autonómicas de marzo, pidió a los partidos que incluyan medidas ambiciosas en sus programas.
El informe apuntó también que la exclusión golpea con mayor fuerza a colectivos concretos: el 24,6% de los jóvenes entre 18 y 29 años y el 48% de las personas de5presentan indicadores de exclusión.
Foessa alertó, además, del deterioro sanitario: más de 260.000 castellanos y leoneses renunciaron a tratamientos, prótesis o medicamentos por motivos económicos.