Lo que parecía una noche tranquila de verano terminó convirtiéndose en una pesadilla para los residentes del número 32 de la calle Goya, en Valladolid. Una explosión de gas sacudió el edificio hace exactamente dos años, provocando la muerte de una mujer y dejando a decenas de personas heridas.
Un poco antes de las 23.00 horas de ese 1 de agosto de 2023 un estruendo sacudía el tranquilo barrio de la farola. Poco después, llegaban las ambulancias, los camiones de bomberos y los coches de policía. Un suceso que conmocionó la capital del Pisuerga.
¿Regreso en septiembre?
Desde entonces, los vecinos afectados han vivido un largo proceso de espera, gestiones burocráticas e incertidumbre. Ahora, la comunidad comienza a ver la luz al final del túnel: según el Ayuntamiento, los primeros vecinos podrían regresar a sus hogares en septiembre.
El presidente de la comunidad y administrador del edificio, Alberto Solís, ha relatado en esRadio que la parte más dura de estos años ha sido el desgaste mental que ha supuesto la gestión de trámites y reparaciones.
Aunque su familia no estaba en casa en el momento del estallido y no tuvieron que lamentar daños personales, el hogar de su madre sufrió importantes daños y las pérdidas materiales fueron varias.
Solís valora positivamente el apoyo del Ayuntamiento, pero también lamenta que no haya medidas concretas para casos como el suyo. Por ello, cree que es conveniente que las administraciones estudien elaborar una legislación específica para este tipo de catástrofes, a fin de proteger mejor a los afectados.
El papel del Ayuntamiento
La rehabilitación del edificio ha sido compleja y ha enfrentado varios contratiempos técnicos, pero parece encaminarse a su fin. El concejal de Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, confirmó a este medio que, si todo va según lo previsto, el regreso de los vecinos comenzará en septiembre.
Será una vuelta "escalonada", pero Nieto confía en que todos hayan podido volver antes de que termine el año. Además, el consistorio trabaja ya en una segunda línea de ayudas para las familias damnificadas.
Hasta ahora, el Ayuntamiento ha destinado más de 5.000 euros en ayudas directas y ha eximido a los vecinos del pago del IBI. También ha modificado el reglamento municipal para prever partidas específicas ante emergencias como esta, en un intento de mejorar la respuesta institucional ante tragedias así.