Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, expresó de manera enfática su desaprobación hacia la ley de amnistía durante su participación en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado. Mañueco subrayó que su gobierno no permanecerá en silencio, ya que la salvaguarda de la unidad de España, la igualdad y el respeto a la Constitución representan un compromiso ético y moral ineludible hacia los ciudadanos de su comunidad y del país.
En su discurso, el presidente Mañueco reiteró el compromiso de su administración con la unidad y la convivencia nacional, criticando la ley de amnistía como un beneficio exclusivo para el interés político de Pedro Sánchez y sus aliados, en detrimento del bienestar de los gobernados.
Señaló que la amnistía, más que un paso hacia la reconciliación, incentiva el conflicto y favorece una reforma constitucional encubierta. Mañueco también denunció lo que considera una vulneración de principios fundamentales como la igualdad, mencionando la disparidad en el tratamiento de delitos entre comunidades, y la solidaridad, aludiendo a los 15.000 millones de deuda que se pretenden condonar a Cataluña y a demandas de financiación especial para dicha autonomía.
Por otro lado, destacó la eficacia en la gestión de servicios públicos en Castilla y León, enfatizando que medidas como la amnistía y financiaciones singulares para Cataluña perjudicarían a todas las comunidades autónomas.
Los presidentes autonómicos del Partido Popular coincidieron en su oposición a la ley de amnistía, argumentando que esta rompe con la igualdad, daña la solidaridad interterritorial y no favorece la reconciliación nacional, sino que repercute negativamente en las finanzas públicas.
En contraparte, Pere Aragonés, presidente de la Generalitat de Cataluña, defendió la inevitabilidad de la amnistía y la necesidad de un referéndum y financiación singular para Cataluña. A su vez, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, respondió que la soberanía del estado es indivisible y que cualquier decisión referente a la independencia debería ser votada por todos los españoles.
Antonio Silván, senador del PP por León, presentó un informe crítico acerca de la ley de amnistía, calificándolo de inconstitucional y describiendo el Estado de las Autonomías como una "historia de éxito". Javier Remírez, senador socialista, defendió el derecho de gracia como parte de la Constitución, negando que exista una colisión con las competencias autonómicas.
Para concluir, Fernández Mañueco aseguró que no cejarán en su deber de trabajar por la convivencia, la unidad y la igualdad en España, reafirmando el rechazo de su comunidad a la propuesta de amnistía: