El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este lunes que el Gobierno autonómico llevará ante el Tribunal Constitucional el acuerdo de financiación singular alcanzado entre el Ejecutivo central y la Generalitat de Cataluña. Este acuerdo prevé que Cataluña comience a gestionar parte de los impuestos estatales a partir de 2026, en un modelo que comenzará con la gestión compartida del IRPF. Hasta la modificación legal que lo permita plenamente, la Generalitat no tendrá control total sobre la recaudación, pero el camino hacia ello ya está trazado.
“Es una ruptura de la caja común y de la solidaridad entre todos los españoles”, ha denunciado Mañueco, que califica este pacto como una cesión motivada por la “debilidad del Gobierno de Sánchez”.
“Financiación singular, cupo separatista… da igual el nombre”
Durante su comparecencia, el presidente del Ejecutivo autonómico ha sido contundente: “Da igual cómo lo quieran llamar. Rompe el equilibrio entre comunidades y lo rechazamos rotundamente”. En declaraciones recogidas por esRadio Castilla y León, Mañueco ha insistido en que este modelo no responde a criterios técnicos ni de equidad, sino a la necesidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de mantenerse en el poder a cualquier precio.
Castilla y León se alinea con otras comunidades en defensa de la igualdad
En un contexto de creciente polémica por la financiación autonómica, Castilla y León, que figura entre las comunidades mejor financiadas, ha reiterado su posición firme. “Vamos a ir a los tribunales, al Constitucional, a la justicia ordinaria, a todos los ámbitos donde podamos acudir”, ha confirmado Mañueco, adelantando una ofensiva legal sin precedentes.
Según ha sabido esRadio Castilla y León, la Junta prevé que la situación de debilidad parlamentaria de Sánchez le obligará a continuar haciendo concesiones. “El precio político que está dispuesto a pagar para seguir en La Moncloa irá en aumento”, alertan desde el entorno del presidente autonómico.
Además, en el seno del Partido Popular, Mañueco ha compartido esta preocupación con sus homólogos de otras comunidades como Isabel Díaz Ayuso, Juan Manuel Moreno y Alfonso Rueda, con quienes coincide en la necesidad de frenar este modelo de financiación asimétrica.
Una batalla que no ha hecho más que empezar
Todo indica que esta será una batalla larga y judicializada, donde Castilla y León aspira a convertirse en punta de lanza del bloque de comunidades que reclaman un modelo de financiación autonómica justo, equitativo y común para todos.
Desde la Junta se insiste en que se defenderán “los intereses de nuestra tierra, de los castellanos y leoneses y de la igualdad en España”. Un mensaje que marca el inicio de un pulso institucional con repercusiones en todo el país.