
El conflicto entre las monjas cismáticas de Belorado y la Iglesia Católica ha alcanzado su momento decisivo. El juicio por desahucio presentado por el comisario pontificio monseñor Mario Iceta ha quedado visto para sentencia. Durante la vista, las ocho exreligiosas han defendido su permanencia en el convento, basándose en su derecho a separarse de la Iglesia y constituirse en asociación civil.
El abogado de las exmonjas, Florentino Aláez, argumentó que la comunidad tiene personalidad jurídica propia y, por tanto, derecho a la libertad religiosa, incluso en su forma colectiva. Asegura que si una persona jurídica como el convento decide abandonar la Iglesia, puede mantenerse como entidad autónoma, desligada del derecho canónico.
La excomunión como prueba de independencia
El letrado aportó un hecho clave: el decreto de excomunión reconoce explícitamente que toda la comunidad ha decidido separarse. En base a ello, sostiene que la representación legal de la abadesa, sor Isabel de la Trinidad, sigue vigente dentro de la nueva asociación. Además, Aláez insistió en la validez del proceso de transformación del monasterio en una entidad civil, admitida en varios procedimientos. Para el abogado, la figura de Mario Iceta como comisario pontificio es «ineficaz», ya que su autoridad se basa en una estructura religiosa de la que ellas ya no forman parte.
El Vaticano insiste: ya no son monjas
Por su parte, Rodrigo Saiz, representante legal del comisario pontificio, subrayó que las religiosas abandonaron voluntariamente la Iglesia Católica el pasado 8 de mayo de 2024. Este hecho, ratificado con el decreto de excomunión del 22 de junio de ese mismo año, implica que dejaron de formar parte de la persona jurídica del monasterio.
El origen del cisma
La ruptura se remonta al 13 de mayo de 2024, cuando las religiosas hicieron público un manifiesto de 70 páginas en el que anunciaban su separación del Vaticano para quedar bajo la tutela de la Pía Unión Sancti Pauli Apostoli, liderada por el excomulgado Pablo de Rojas Sánchez-Franco. Desde entonces, las exmonjas han negado la autoridad del Papa Francisco y de sus predecesores desde Pío XII, consolidando su postura como grupo cismático.
Tensión y acusaciones en la sala
Durante la vista, sor Paloma, acompañada por otras dos hermanas, no escatimó en calificativos hacia el arzobispo de Burgos, al que tachó de «cobarde» y «ambicioso». Sostuvo que el arzobispo busca apropiarse del convento y defendió que las hermanas tienen la capacidad de decidir «dónde estar y con quién».
También sor Sion expresó su preocupación por el futuro del grupo si el desahucio se ejecuta: «Si nos echan, ya veremos adónde vamos». La defensa ha recalcado que la comunidad cuenta con entidad jurídica autónoma y luchará por conservar sus bienes.