En un nuevo episodio del creciente conflicto institucional en Castilla y León, el presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox), ha enviado una carta oficial al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), reclamando el pago urgente de 11,6 millones de euros que el Ejecutivo regional adeuda al Parlamento autonómico, correspondientes al segundo y tercer trimestre de 2025. En respuesta a la carta enviada por Pollán reclamando 11,6 millones de euros a la Junta de Castilla y León, el portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha justificado el impago asegurando que aún no han recibido las transferencias actualizadas del sistema de financiación estatal correspondientes a 2025. Carriedo explicó que la Comunidad está cobrando las mismas cantidades asignadas en 2023, el último ejercicio con presupuestos estatales aprobados. Mientras tanto, el Gobierno central adeudaría a Castilla y León cerca de 110 millones de euros al mes, una cifra que ya superaría los 600 millones acumulados.
La Junta opta por “prudencia” en tesorería
Ante esta situación, la Junta ha seguido un criterio de “prudencia” en su gestión económica. Carriedo afirmó que los recursos disponibles se han destinado a áreas “de mayor urgencia”, como educación, sanidad, servicios sociales o las ayudas al alquiler de vivienda. “El primer trimestre ya fue pagado a las Cortes”, indicó, y aclaró que el segundo se abonará en cuanto lleguen los fondos estatales. Además, recordó que las Cortes “disponen de remanente” y que este puede haberse incrementado por gastos previstos en su presupuesto pero asumidos por la Junta, como los del Día de la Comunidad.
Críticas a Pollán por publicar documentos internos en redes
La polémica ha ido más allá del terreno económico. Carriedo ha cargado duramente contra Carlos Pollán por haber compartido en redes sociales el orden del día del Consejo de Gobierno, un documento interno que, según la Junta, no está destinado a ser público y cuya divulgación podría afectar a derechos de ciudadanos. “Nos llama la atención que una autoridad externa publique información de funcionamiento interno de la administración”, señaló Carriedo, advirtiendo de posibles “consecuencias administrativas” por este acto. Añadió que la Junta estudia el alcance de esta acción, ya que el documento no debería estar en manos de quien no forma parte del Ejecutivo
¿Filtración desde dentro?
Aunque no confirmó que se investigue una posible filtración, Carriedo sí cuestionó cómo obtuvo Pollán el documento, asegurando que solo el personal interno de la administración autonómica tiene acceso al mismo. “El problema no es tanto el acceso como su publicación en una red social abierta al público”, recalcó. Este nuevo choque se produce en un momento especialmente tenso entre PP y Vox, que formaban parte del mismo gobierno autonómico desde 2022. La ruptura del pasado verano ha derivado en una cadena de enfrentamientos, ahora ya no solo políticos, sino también administrativos y financieros.