No hubo sorpresas. “Hasta aquí hemos llegado. No habrá ni soterramiento ni integración", sentenció el ministro de Transportes, Óscar Puente, en la rueda de prensa posterior a la última reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV).
Y con esa frase confirmó lo que todos esperaban: su intención de disolver la entidad. Un proceso que irá para largo y que, previsiblemente, llegará hasta los juzgados mercantiles.
Puente explicó que Adif solicitará la convocatoria de la Junta General de la SVAV para abordar su "liquidación ordenada". Para ello se necesita el 75% de los votos, una mayoría que el Ministerio no posee.
“El convenio de integración está roto y la Sociedad no puede cumplir su fin social. Hasta aquí hemos llegado”, insistió. Según el ministro, la falta de acuerdo con el Ayuntamiento y la Junta bloquea proyectos clave como los pasos de Ariza o el Arco de Ladrillo, pese a que la sociedad dispone de 100 millones de euros en caja.
La reacción de Carnero
Frente a este anuncio, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, aseguró que “no existe causa jurídica que justifique la disolución” y advirtió de que el Ayuntamiento “no se saldrá ni del convenio ni de la sociedad”.
El regidor también subrayó que la SVAV “mantiene proyectos en marcha” y anunció la convocatoria de la Mesa del Soterramiento para abordar la situación.
La Junta apoya al Ayuntamiento
Por su parte, la Junta de Castilla y Léon -tercero en discordia en este enredo- fue representada por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones.
El leonés aseguró que este movimiento de Puente carece de base legal. “No hay motivos concretos ni causa jurídica”, afirmó ante los medios de comunicación.
Ahora el escenario que se prevé es el de judicializar la causa. Si no hay grandes sorpresas todo quedará en manos de los tribunales. En caso de que la SVAV se disuelva, tocará echar cuentas para repartir los 400 millones de euros de deuda entre sus socios.