Después de varios días de especulación, ya hay candidata oficial. El Gobierno de España propone a la salmantina Teresa Peramato Martín como nueva fiscal general del Estado. La noticia llega tan solo un día después de que Álvaro García Ortiz presentara su dimisión de manera oficial. El también salmantino fue condenado el pasado jueves por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos.
La propuesta procede del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y será formalizada por el Consejo de Ministros a lo largo de esta semana. Según Europa Press, fuentes gubernamentales Peramato goza de un "reconocimiento unánime” entre los operadores jurídicos y su perfil técnico, especialmente en materia de violencia de género.
Con 35 años de carrera fiscal, Peramato es considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en violencia sobre la mujer.
Una charra como sucesora de García Ortiz
Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, ingresó en la Carrera Fiscal en 1990. Pasó por destinos como Tenerife, Valladolid o Barcelona antes de incorporarse a Madrid, donde en 2005 fue nombrada fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer. Formó parte del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer y entre 2021 y 2025 ocupó la Fiscalía de Sala contra la Violencia sobre la Mujer. Desde enero de este año es fiscal de Sala jefa de la Sección Penal del Tribunal Supremo, el máximo rango dentro de la institución.
Además, Peramato fue presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación de la que proceden también sus dos antecesores en el cargo. Su nombre, según apuntan desde varios medios de comunicación, no ha sorprendido en el sector debido a su amplia experiencia y a su papel en el diseño de protocolos y estructuras de protección de víctimas. Actualmente también ejerce como fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal.
El proceso para ser FGE
El proceso de nombramiento seguirá ahora los trámites habituales. En primer lugar, el Consejo General del Poder Judicial deberá emitir un informe preceptivo —aunque no vinculante— sobre su idoneidad.
Posteriormente, Peramato comparecerá ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Una vez superados estos pasos, el Gobierno procederá a su designación definitiva como fiscal general del Estado, cargo desde el que relevará oficialmente a García Ortiz.