Lo que parecía una prueba médica como cualquier otra se convirtió en una auténtica pesadilla para dos padres vallisoletanos. Era el año 2012, su bebé, de tan solo 15 meses en ese momento, debía someterse a una resonancia bajo sedación.
Los anestesistas le administraron un medicamento que contenía lecitina de huevo, pese a que el pequeño era alérgico a este alimento.
Esa decisión derivó en una parada cardiorrespiratoria que le provocó graves secuelas neurológicas. Actualmente, Adrián, con trece años, vive con una discapacidad reconocida del 90%, lo que ha cambiado para siempre la vida de su familia.
El Tribunal Superior de Justicia reconoció finalmente una indemnización de 1,2 millones de euros para los padres, una de las compensaciones más altas jamás otorgadas en Castilla y León.
Años de juicios y lucha
Tras este trágico suceso, los padres comenzaron un largo y complejo proceso judicial para reclamar responsabilidades. En 2019 consiguieron una sentencia que condenaba a la aseguradora a pagarles 600.000 euros. Sin embargo, la compañía lo recurrió, prolongando el sufrimiento durante seis años más.
Durante todo este tiempo, la familia no solo ha tenido que enfrentarse a los trámites legales, sino también a la carga emocional y psicológica. Un sufrimiento que, tras la última resolución del TSJ, se ha convertido en alivio.
Ana, la madre de Adrián, ha contado en esRadio que, aunque desearía que nada de esto hubiera ocurrido, siente tranquilidad. Ahora sabe que, pase lo que pase, su hijo tendrá medios económicos que garanticen sus cuidados.
Sentencia pionera
El Tribunal Supremo ha puesto punto final a esta batalla legal, elevando la indemnización a 1,2 millones de euros. La decisión reconoce los intereses de demora desde la fecha del siniestro, castigando la dilación de la aseguradora.
Conseguida con el apoyo del Defensor del Paciente y del abogado Santiago Díez, la resolución no solo compensa económicamente a la familia, sino que establece un precedente jurídico en materia de responsabilidad civil sanitaria.
Según los expertos, se trata de una de las indemnizaciones más elevadas por negligencia médica en Castilla y León y refuerza la obligación de las aseguradoras de responder con diligencia y sin tácticas dilatorias ante las víctimas.