El nuevo escenario normativo para el campo ya es una realidad. El decreto que regula la venta directa y los circuitos cortos de comercialización en Castilla y León busca transformar la relación entre el productor y el cliente final. Según ha detallado la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en funciones, María González Corral, esta medida es una herramienta clave para potenciar la competitividad agraria y fomentar un consumo de cercanía mucho más eficiente.
Diferencias entre venta directa y circuito corto
Es fundamental entender qué cambia para el ciudadano. La venta directa ocurre cuando el profesional entrega el alimento sin rodeos al consumidor, mientras que el circuito corto admite un único intermediario, como puede ser una tienda minorista o un restaurante local. Esta flexibilidad permite que los productos lleguen a los hogares mediante reparto a domicilio, máquinas automáticas o incluso a través de plataformas de internet, eliminando costes innecesarios en la cadena de valor.
Garantías sanitarias y registro oficial
Para el consumidor, la seguridad es total. Los productores deben estar inscritos obligatoriamente en el Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León, lo que certifica que cumplen estrictamente con todas las garantías de sanidad animal y vegetal. Actualmente, ya hay más de 50 agricultores y ganaderos registrados, como es el caso de Gustavo Hernández en la localidad de Cuelgamures, quien ha comenzado a comercializar su producción de ajo bajo este nuevo amparo legal.
Límites de comercialización permitidos
¿Cuánto se puede vender bajo esta modalidad? La norma establece topes anuales para asegurar que se trata de un canal complementario y no de una gran distribución encubierta. Por ejemplo, un agricultor puede vender de forma directa hasta 30.000 kilos de fruta o 50.000 kilos de patatas al año. En el caso de productos elaborados, el límite se sitúa en 2.500 kilos para conservas o mermeladas y hasta 5.000 litros en el caso del vino o la cerveza artesanal.
Seguridad alimentaria y etiquetado
El control administrativo no desaparece, sino que se adapta. Los profesionales acogidos a este sistema tienen la obligación de mantener la trazabilidad del producto y cumplir con un etiquetado claro que informe al comprador de su origen. De este modo, la Administración realiza controles periódicos para asegurar que lo que llega a la mesa mantiene la máxima frescura y calidad que caracteriza al sector agroalimentario de la comunidad.