Miguel Ángel Sánchez, gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana de León, ha analizado en Manos Arriba la situación del mercado de la vivienda y los últimos decretos planteados en materia de alquiler. Ha señalado que la falta de estabilidad jurídica se ha convertido en una de las principales preocupaciones del sector y ha defendido que las normas que han regulado la vivienda tienen que ser claras, estables y previsibles. También ha explicado que la utilización recurrente de decretos ley ha dificultado, a su juicio, una planificación a largo plazo de un problema que ha adquirido un carácter estructural.
Sánchez ha advertido de que la inseguridad jurídica ha provocado que numerosos propietarios hayan retirado sus viviendas del mercado del alquiler o hayan optado por otras modalidades. Ha explicado que alrededor del 85 % de las viviendas destinadas al alquiler ha estado en manos de pequeños propietarios, que han invertido sus ahorros en vivienda como una forma de previsión para la jubilación o para ayudar a sus familias. En este contexto, ha defendido que el incremento de la oferta resulta fundamental para responder a una demanda que ha crecido y ha señalado que las medidas adoptadas no han conseguido solucionar ese desequilibrio.
El gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana de León ha abordado también el problema de la vulnerabilidad y la relación entre propietarios e inquilinos. Ha considerado que las personas en situación vulnerable necesitan protección, pero ha defendido que esa responsabilidad corresponde a las administraciones y tiene que recaer exclusivamente sobre los pequeños propietarios. Asimismo, ha reclamado un equilibrio entre los derechos de arrendadores y arrendatarios y ha señalado que la escasez de vivienda social y protegida ha añadido dificultad a la situación actual.
Por último, junto a la colaboradora Lorena González, se ha puesto el foco en el crecimiento de los apartamentos turísticos y en su influencia sobre el mercado residencial. Sánchez ha explicado que la inseguridad jurídica ha llevado a algunos propietarios a trasladar sus viviendas del alquiler habitual hacia otras modalidades que han considerado menos problemáticas. En este sentido, ha señalado que la vivienda habitual se ha visto afectada por diferentes factores y ha defendido que la solución requiere una política de vivienda clara, una mayor oferta y una planificación a largo plazo que tenga en cuenta las necesidades de propietarios, inquilinos y personas en situación de vulnerabilidad.