El Grupo Popular de la Diputación de Salamanca ha anunciado que presentará una proposición en el próximo pleno para instar al Gobierno de España a clarificar las competencias administrativas y, sobre todo, a asumir los costes económicos derivados de la implantación de las Oficinas de Justicia contempladas en la nueva Ley Orgánica 1/2025.
La normativa, que introduce una profunda reforma en el sistema judicial, establece la obligatoriedad de implantar un modelo de Oficina de Justicia en cada municipio. Una medida que, según los populares, podría suponer un duro golpe para los más de 300 ayuntamientos de la provincia, especialmente aquellos con menos recursos.
“Pedimos al Gobierno que asuma el coste total de personal y gestión de estas oficinas. No pueden trasladar esta carga a ayuntamientos que ya están al límite”, ha declarado Pilar Sánchez, portavoz del Grupo Popular en la Diputación.
Además del impacto económico, desde el PP alertan de las consecuencias jurídicas y sociales que podría acarrear esta reforma si no se garantiza una financiación adecuada.
“No solo hablamos de una falta de coordinación institucional o de una inseguridad jurídica; estamos hablando de una medida que puede dejar sin acceso real a la justicia a buena parte del mundo rural”, ha insistido Sánchez.
El Grupo Popular considera que, si no se establecen mecanismos claros de financiación estatal, la reforma podría derivar en una situación de desamparo para numerosos municipios, dificultando aún más el acceso a un servicio público esencial como es la justicia.