La Junta de Castilla y León ha activado este jueves el inicio de acciones legales para exigir formalmente la supresión del peaje de la autopista AP-66, que conecta León y Campomanes. Durante la celebración del Consejo de Gobierno, el ejecutivo autonómico ha dado autorización directa a la Consejería de Movilidad para desplegar todas las medidas administrativas y judiciales necesarias frente al Real Decreto nacional que alteró los términos de la concesión original y extendió el cobro de esta tasa obligatoria para los conductores hasta el año 2050.
Una alianza estratégica con Asturias respaldada por el marco comunitario
Esta decisión sitúa a Castilla y León en la misma línea de acción que Asturias, administración que ya ha acudido a los tribunales para reclamar la eliminación del peaje tras los pronunciamientos de los tribunales europeos sobre la posible ilegalidad de la normativa nacional frente al derecho comunitario. Según ha confirmado el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, la administración autonómica actúa dentro de los plazos legales establecidos y con el objetivo prioritario de salvaguardar los intereses económicos y sociales de los ciudadanos de la Comunidad.
Vulneración de la libre competencia y freno directo al desarrollo económico
El argumento jurídico central que esgrime el ejecutivo autonómico radica en que la modificación de la concesión alteró de forma sustancial tanto el equilibrio económico-financiero como la duración temporal del contrato público. Para el gobierno regional, esta maniobra administrativa supuso adjudicar en la práctica una nueva concesión encubierta sin convocar una licitación pública, vulnerando frontalmente los principios de transparencia, concurrencia e igualdad que exige la legislación europea. Asimismo, la Junta de Castilla y León advierte de que mantener este pago obligatorio hasta mediados de siglo constituye un obstáculo directo para la movilidad ciudadana, lastra la competitividad empresarial del noroeste y perjudica gravemente la cohesión territorial.
La hoja de ruta hacia el Tribunal Supremo para anular la prórroga
El siguiente paso técnico de la Consejería de Movilidad consiste en definir el procedimiento más razonable y sólido desde el punto de vista procesal para encauzar esta reclamación institucional. Carlos Fernández Carriedo ha adelantado que la vía más probable arrancará con el envío de un requerimiento al Gobierno central como trámite administrativo previo. Si el ejecutivo estatal rechaza o ignora esta petición formal para anular la prórroga de la AP-66, los servicios jurídicos autonómicos interpondrán el correspondiente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo, al tratarse del órgano jurisdiccional competente para revisar la legalidad de un Real Decreto.
Inyección financiera de medio millón de euros para blindar la mediación del Serla
En el ámbito laboral, el Consejo de Gobierno ha aprobado una aportación adicional de 500.000 euros destinada a la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León, conocida bajo las siglas Serla, con el propósito de sufragar su actividad operativa a lo largo de este ejercicio 2026. Carlos Fernández Carriedo ha precisado que esta partida extraordinaria guarda total coherencia financiera con el proyecto de presupuestos de Castilla y León para el año 2027, documento que contempla una dotación de 900.000 euros para dicha entidad de cara al próximo curso. Con este refuerzo presupuestario quedan cubiertas las necesidades estructurales de un organismo cuya utilidad resulta clave para desbloquear convenios colectivos y alcanzar acuerdos extrajudiciales entre los representantes legítimos de trabajadores y empresarios ante conflictos laborales.
Compromiso de 378 millones de euros para el nuevo Plan Estatal de Vivienda
Finalmente, el acuerdo autonómico ha facultado a la vicepresidenta segunda, Isabel Blanco, para rubricar el convenio de ejecución correspondiente al Plan Estatal de Vivienda para el periodo 2026-2030. El importe asignado a la Comunidad alcanza los 378 millones de euros, una cifra que representa exactamente el 5,4 por ciento del volumen total de 7.000 millones con los que cuenta este programa estatal. Desde la Junta de Castilla y León subrayan que el esfuerzo inversor será compartido, dado que las arcas autonómicas asumen la obligación de financiar el 40 por ciento de esos 378 millones de euros para garantizar el despliegue de las ayudas en el territorio.
Resumen de acuerdos clave, plazos e inversiones aprobadas por el Consejo de Gobierno Para facilitar la consulta directa del impacto económico y el estado de tramitación de las tres grandes medidas aprobadas por la Junta de Castilla y León, se detallan a continuación los datos oficiales verificados en una tabla comparativa y el desglose operativo de actuaciones:
| Ámbito de actuación | Órgano o responsable | Presupuesto / Plazo clave | Estado y vía de ejecución |
|---|---|---|---|
| Peaje de la AP-66 (León - Campomanes) | Consejería de Movilidad | Prórroga impugnada hasta 2050 | Envío de requerimiento al Gobierno y posterior recurso ante el Tribunal Supremo |
| Relaciones laborales (Serla) | Consejo de Gobierno | 500.000 euros en 2026 (900.000 euros previstos en 2027) | Financiación de mediación en conflictos laborales y bloqueo de convenios colectivos |
| Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 | Isabel Blanco (Vicepresidenta segunda) | 378 millones de euros (5,4 por ciento del total nacional) | Suscripción de convenio con aportación autonómica del 40 por ciento del presupuesto |