¿Puede el biogás convertirse en una oportunidad para el campo o está justificado rechazo entre los vecinos de los pueblos? Esa es una de las principales cuestiones que se encuentran estos días en el centro del debate en Castilla y León, donde la expansión de las plantas de biogás y biometano enfrenta al desarrollo de los gases renovables con las dudas por sus posibles efectos sobre el territorio y la calidad de vida en el medio rural.
Valladolid, epicentro del debate sobre el biogás
La Feria de Valladolid acoge este martes y miércoles el Congreso Internacional de Bioenergía, que reúne a más de 700 profesionales y cuenta con 275 expositores, el 60 por ciento de ellos extranjeros. La cita ha motivado una concentración convocada por Stop Biogás España para esta tarde, a las 18.00 horas, ante el recinto vallisoletano.
La plataforma ha llamado a participar a agricultores, ganaderos, viticultores, colectivos ambientales y vecinos de los municipios afectados para protestar contra lo que considera un modelo de expansión industrial incompatible con la protección del medio rural. Javier Martín, portavoz del colectivo, sostiene que estas instalaciones pueden generar tráfico, emisiones e infraestructuras y convertir a los municipios en receptores de residuos para alimentar proyectos privados.
Según Stop Biogás, la provincia de Valladolid concentra aproximadamente un tercio de las solicitudes de plantas de biogás de Castilla y León. El malestar también ha llegado a los ayuntamientos: La Cistérniga, por ejemplo, ha presentado alegaciones contra el proyecto de Granja Conchita, mientras que en Tordehumos, un municipio de unos 350 habitantes, su alcalde, Agapito Bravo, comprende la preocupación vecinal aunque reconoce las dificultades y limitaciones debido a las competencias de su Ayuntamiento.
La Junta apuesta por analizar cada proyecto
Frente a las críticas, la Junta defiende que el desarrollo de los gases renovables debe estar ligado a la actividad agrícola y ganadera y que el bienestar de los pueblos debe quedar por encima de los intereses empresariales.
El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, aseguró que las solicitudes se analizarán caso por caso y que solo deben salir adelante aquellos proyectos cuya ubicación no genere molestias a los vecinos ni perjudique al entorno.
Pino defendió que "la transición energética no puede hacerse contra el campo" y reclamó que sea rentable para agricultores y ganaderos. A su juicio, los purines, estiércoles y otros subproductos agrícolas y ganaderos pueden dejar de ser únicamente un coste de gestión para convertirse en energía, fertilizantes, nutrientes recuperados y nuevas fuentes de ingresos.
20 plantas autorizadas y 107 proyectos en tramitación
Castilla y León cuenta actualmente con 20 plantas con autorización ambiental, cinco de ellas en funcionamiento y tres en construcción, mientras que se tramitan otros 107 proyectos, 57 de ellos en fase de información pública.
La Junta reclama que las nuevas instalaciones estén técnicamente bien dimensionadas, cuenten con una logística razonable y garanticen una correcta gestión del digestato, además de proteger los suelos y las aguas. Pino defendió compatibilizar el «máximo rigor ambiental» con una mayor agilidad administrativa.
El consejero también insistió en que el desarrollo energético no debe desplazar suelo agrario productivo ni competir con la producción de alimentos, sino aprovechar prioritariamente los residuos y subproductos generados por el propio sector.