La última sesión del conocido como ‘caso funeraria’ ha vuelto a dejar una línea de defensa común entre varios acusados: desvincularse de la supuesta trama y situar el foco de las decisiones en el fallecido Ignacio Morchón, fundador de la empresa, y en Justo Martín, el extrabajador que denunció los hechos y también fallecido. Hijas, familiares y antiguos empleados coinciden en señalar que eran ellos quienes controlaban la operativa diaria de la compañía.
El testimonio de las hijas
Laura Morchón, la menor de la familia, aseguró ante el tribunal que su trabajo en la funeraria se limitaba a funciones administrativas y de publicidad. Negó haber participado en la presunta compraventa irregular de féretros y afirmó que únicamente seguía instrucciones de su padre, sin capacidad de decisión dentro de la empresa.
En la misma línea declaró su hermana Rosario, que defendió que sus funciones se centraban en tareas de facturación y administración y que desconocía cualquier práctica fraudulenta relacionada con cremaciones o reutilización de ataúdes.
Exempleados de la funeraria respaldaron también esta tesis expuesta por las dos hermanas y su defensa, alegando que su rol era secundario sin participar de manera activa en la toma de decisiones de peso.
Las penas de la Fiscalía
La Fiscalía mantiene, sin embargo, que durante años se reutilizaron féretros antes de las cremaciones para obtener beneficios millonarios. En la causa hay 23 acusados y peticiones de hasta 20 años de prisión para varios miembros de la familia Morchón.