Castilla y León da luz verde a la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-Ley que establece el reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas.
Según el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, la norma “vulnera competencias exclusivas” de la Comunidad y se aplica de forma “injusta” y “sin diálogo previo”.
Carriedo denunció que el reparto planteado por el Gobierno de España supondrá para el territorio un esfuerzo del 300 % en lo relativo a la acogida de menores. Algo que contrasta con el 5 % que se exige a comunidades como Cataluña. El portavoz, que insistió en que el Ejecutivo autonómico está dispuesto a colaborar, pero “desde la igualdad" y "no desde la imposición”.
Plazos legales
El recurso se presenta dentro del plazo legal de tres meses tras la aprobación del decreto, y se basa, según el propio Carriedo, en el agravio comparativo entre territorios y el impacto negativo que genera en la autonomía financiera regional.
De esta manera, Castilla y León se suma a otras comunidades como Aragón o la Comunidad Valenciana, que también expresaron su rechazo al reparto planteado desde Moncloa.