La comisión de incendios de 2025 celebrada en las Cortes de Castilla y León se ha saldado con una conclusión política clara: toda la oposición ha señalado al Gobierno autonómico como responsable directo de la gestión de una campaña marcada por 4 víctimas mortales, evacuaciones masivas y más de 140.000 hectáreas calcinadas, según informaciones recogidas por esRadio Castilla y León.
LA DEFENSA DE ARRANZ: “NO TODO VA BIEN, PERO NO HUBO NEGLIGENCIA”
Frente a las acusaciones, el director general de Patrimonio Natural y Política Forestal, José Ángel Arranz, atribuyó la gravedad de los incendios a un episodio “excepcional”. En materia de prevención, sostuvo que mantener en condiciones adecuadas más de cinco millones de hectáreas de monte exige inversiones públicas muy elevadas y cambios normativos para facilitar limpiezas y actuaciones, algunos de los cuales no salieron adelante.
Sobre las torres de vigilancia, defendió un sistema mixto que combine presencia humana y tecnología, y negó haber dado órdenes políticas para rebajar niveles de gravedad, afirmando que esas decisiones corresponden a órganos colegiados. Arranz admitió que “no va todo bien”, pero insistió en que el operativo ha mejorado y que los incendios sufridos “habrían ocurrido con cualquier gobierno”, al tratarse, según su argumento, de un problema global que afecta a todas las comunidades autónomas.
VOX: “LO EVITABLE NO SE EVITÓ Y LA RESPONSABILIDAD NO SE DILUYE”
Desde el Grupo Parlamentario Vox, José Antonio Palomo, abrió el turno más duro acusando a la Junta de negligencia por omisión en la política forestal. Vox sostuvo que los incendios “no empiezan el día que se declara la emergencia”, sino años antes, cuando no se limpia el monte ni se mantienen las infraestructuras de vigilancia.
Según denunció, en la provincia de León ocho de los diecisiete puestos de vigilancia no estaban operativos en plena campaña de alto riesgo por incumplimientos en seguridad laboral, lo que dejó “casi la mitad del sistema de detección temprana inoperativo”.
Vox anunció además que ha acudido a los tribunales para que se investiguen posibles delitos contra la seguridad de los trabajadores, tras la muerte de cuatro personas durante la campaña de incendios en Castilla y León.
UPL–SORIA YA: “MISMAS POLÍTICAS, PEORES RESULTADOS”
Desde UPL–Soria Ya, la procuradora Alicia Gallego centró su intervención en la región leonesa, recordando que más del 90% de la superficie quemada en 2025 se concentró en León, Zamora y Salamanca.
Gallego denunció descoordinación con la UME, falta de medios sobre el terreno y precariedad laboral, y cuestionó que la Junta siga defendiendo la sustitución de vigilancia humana por cámaras.
A su juicio, la Junta “traslada responsabilidades a ayuntamientos sin recursos” mientras mantiene un modelo de prevención que, según afirmó, ha demostrado ser ineficaz ante los incendios.
PSOE: “NO HAY ERROR TÉCNICO, HAY IRRESPONSABILIDAD POLÍTICA”
El procurador socialista Pedro González Reglero elevó el tono al acusar al director general de mentir sobre el cumplimiento del acuerdo del diálogo social y de justificar la falta de prevención en la financiación autonómica.
El PSOE denunció jornadas extenuantes, descansos incumplidos y registros horarios irregulares en el operativo de extinción de incendios, y aseguró que los propios trabajadores han pedido el cese tanto del director general como del consejero.
Además, cuestionó decisiones como la rebaja de niveles de gravedad en determinados incendios, apuntando a órdenes políticas recogidas en actas internas.
PP: DEFENSA DEL OPERATIVO Y SIN ASUMIR RESPONSABILIDADES
Frente a las críticas, el Grupo Popular defendió la actuación de la Junta, el incremento presupuestario en prevención y extinción, y las ayudas aprobadas tras los incendios.
La procuradora del PP, Mercedes Cófreces, subrayó que el operativo cuenta con cerca de 5.000 efectivos y que la prioridad fue siempre la protección de la vida humana, descartando dimisiones y responsabilizando al contexto meteorológico extremo.
Así se cierra una Comisión extraordinaria de Medioambiente que, a las puertas de un nuevo ciclo electoral en Castilla y León, se salda con la petición de dimisiones tanto del consejero de Medio Ambiente como del director general de Patrimonio Natural y Política Forestal por parte de todos los grupos de la oposición, y con la defensa cerrada del Partido Popular de los criterios políticos y técnicos aplicados durante la campaña de incendios de 2025, en un debate que anticipa que la gestión forestal será uno de los principales ejes de confrontación política en los próximos meses.