El consejero de Medio Ambiente en funciones , Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha alzado la voz de forma contundente contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Exige la remisión inmediata a la Unión Europea del informe preceptivo sobre el estado de conservación del lobo ibérico, un documento que acumula casi un año de demora institucional. La falta de este trámite administrativo, que debió completarse en julio del año pasado, paraliza por completo cualquier modificación en la normativa de protección del lobo y asfixia la capacidad de respuesta de las comunidades afectadas.
Impacto letal en el sector ganadero
La ausencia de mecanismos de control poblacional está pasando una factura insostenible al sector primario. Durante el último ejercicio cerrado, las incursiones de estos depredadores provocaron la muerte de más de 6.400 cabezas de ganado en los campos de la comunidad autónoma. Este volumen de pérdidas económicas directas aboca a los profesionales al abandono de ganaderos en las zonas más vulnerables, destruyendo el tejido productivo del entorno rural y alterando el equilibrio demográfico de los municipios periféricos.
Bloqueo institucional y motivos ideológicos
El representante autonómico califica la postura del Ministerio como una rebeldía administrativa sin precedentes que obedece exclusivamente a criterios ideológicos y no científicos. El borrador técnico cuenta ya con una aprobación preliminar, pero el Gobierno central evita convocar la reunión sectorial vinculante con las autonomías para estampar la firma definitiva. Esta inacción impide por completo ejecutar la gestión de la especie mediante extracciones quirúrgicas en aquellas áreas geográficas específicas donde los daños a las explotaciones resultan desproporcionados.
Consecuencias del furtivismo descontrolado
La prohibición total de la caza regulada y de los controles técnicos autorizados está generando un efecto rebote nocivo para la propia fauna silvestre. La aparición reciente de ejemplares muertos con impactos de bala evidencia un incremento del furtivismo del lobo, una vía ilegal que fragmenta la conservación ordenada de la biodiversidad. El Ejecutivo autonómico insiste en que la supervivencia de los rebaños y la preservación del propio cánido dependen de recuperar un modelo de coexistencia basado en criterios técnicos y no en imposiciones políticas.