La Junta de Castilla y León calcula que dejará de recibir 160 millones de euros mensuales tras no actualizarse las entregas a cuenta para 2026 y mantenerse la cifra prevista en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, tras ser derogado el decreto Ómnibus en el Congreso de los Diputados.
El portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha explicado que el Real Decreto supondrá que la comunidad se quede sin esa cantidad, ya que no se aplicarán las comunicadas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado mes de diciembre.
Carriedo ha señalado que la Junta tiene que afrontar los gastos y “retos” de 2026 con unos recursos del modelo de financiación autonómica fijados para 2023. También ha recordado que esto ya sucedió hace un año cuando decayó otro decreto ómnibus del Gobierno, que se tradujo en unos 100 millones de euros mensuales menos para las arcas de la comunidad, y en 2024, tras no haber nuevos presupuestos, unos 50 millones menos cada mes.
El portavoz ha garantizado la adecuada prestación de los servicios de sanidad, educación y servicios sociales a la población, pero ha insistido en que la Junta debe asumir un coste del año 2026, con unos recursos estimados hace tres años.
Carriedo ha apuntado que la Junta puede hacer frente a estos gastos en una mejor posición que otras comunidades, aunque ha señalado que esto afecta a todas las comunidades.