Imagen: El comisionado de Transparencia Tomás Quintana en su comparecencia ante la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común en las Cortes de Castilla y León
El comisionado de Transparencia Tomás Quintana en su comparecencia ante la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común en las Cortes de Castilla y León

El Comisionado de Transparencia, Tomás Quintana, ha solicitado formalmente en las Cortes de Castilla y León la creación de un régimen coercitivo que fuerce a los ayuntamientos y organismos autonómicos a cumplir con las resoluciones de información pública. Esta reforma legislativa busca garantizar que los derechos ciudadanos no queden paralizados ante el silencio de los empleados públicos u órganos gestores, resolviendo así el bloqueo persistente en la entrega de datos administrativos clave dentro del territorio.

Choque político sobre los plazos y la ejecución normatividad 

La propuesta afecta de forma directa a la gestión municipal de la comunidad, donde los pequeños municipios sufren una falta endémica de recursos técnicos para gestionar las peticiones de publicidad activa. Mientras formaciones como el Grupo Socialista con Iñaki Gómez, el Grupo Mixto mediante la procuradora Rosa María Quintanilla y Procurador del Común respaldan la vía autonómica sancionadora, la representación del Partido Popular a través de José Luis Barrigón propone aguardar al marco de la normativa estatal. Paralelamente, José Antonio Palomo desde Vox vincula los cambios al acuerdo de gobierno para desbloquear la ejecución forzosa sin incurrir en una sobrecarga excesiva para los pedáneos.

Puntos clave de la memoria del Comisionado de Transparencia 

El balance del órgano fiscalizador expone datos precisos sobre la situación real del acceso a la información y las carencias del sistema administrativo:

  • Aumento de actividad: Se gestionaron 1.432 reclamaciones durante el último periodo analizado frente a las 66 registradas hace una década en la Comunidad Autónoma.
  • Ejecución de resoluciones: Solo el 62 por ciento de las resoluciones estimatorias de 2025 se ejecutaron de forma efectiva en el plazo ordinario.
  • Municipios pequeños: Un total de 2.187 municipios con menos de 5.000 habitantes presentan severas dificultades para cumplir las obligaciones de Gobierno Abierto.
  • Entidades señaladas: Organismos como Somacyl y corporaciones locales como la Diputación de Burgos muestran deficiencias o cifras mínimas de acceso a la información pública.
  • Solicitud de medios: El organismo ha solicitado a los Presupuestos Generales la suma de dos plazas de personal para reforzar la gestión institucional.
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