Datos "preocupantes" en Castilla y León. El riesgo de pobreza afecta ya a 475.000 personas en la comunidad, el 19,8% de la población, lo que supone 32.000 personas más que el año anterior. Además, 578.000 castellanos y leoneses, el 24,1% de los habitantes de la Comunidad, se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, según el XVI Informe sobre el Estado de la Pobreza y la Exclusión Social, elaborado por la red europea EAPN con datos de 2025.
El estudio, presentado este jueves en la sede del Consejo Económico y Social (CES), advierte del empeoramiento de varios indicadores, pese a que la tasa de pobreza o exclusión social de Castilla y León continúa por debajo de la media nacional, situada en el 25,7%.
Uno de cada tres menores, en riesgo de pobreza
La infancia es uno de los colectivos más afectados: el 30,9% de los menores de 18 años está en riesgo de pobreza o exclusión social, mientras que la pobreza severa alcanza al 19,7%. En el conjunto de la población, la pobreza severa también aumenta, hasta el 9,8%, frente al 8,4% del año anterior.
El presidente de EAPN Castilla y León, Óscar Castro, reclamó a las administraciones que refuercen las políticas sociales y apuesten por la prevención. Advirtió de que el objetivo no debe limitarse a gestionar las situaciones de vulnerabilidad, sino que debe centrarse en reducirlas y avanzar hacia su erradicación.
La vivienda agrava la precariedad
El informe sitúa el acceso a la vivienda entre los principales factores de exclusión. El 53,3% de quienes viven de alquiler a precio de mercado está en riesgo de pobreza o exclusión social, mientras que el 48,7% se encuentra por debajo del umbral de pobreza.
La precariedad también afecta a personas con empleo que tienen dificultades para afrontar los gastos de vivienda. Por ello, EAPN propone ampliar el parque público de alquiler social, adaptar las ayudas y reforzar la prevención de desahucios.
El CES pide una estrategia coordinada
El presidente del CES, Enrique Cabero, recordó que detrás de las estadísticas hay personas y familias, y defendió que el crecimiento económico no basta por sí solo para acabar con la pobreza. A su juicio, las medidas económicas deben acompañarse de políticas específicas y coordinadas que reduzcan las desigualdades.
El informe también destaca el papel de las prestaciones públicas: sin las transferencias sociales, incluidas las pensiones, la tasa de pobreza alcanzaría el 45,6% de la población.