Los parlamentarios del Partido Popular por la provincia de Valladolid han exigido este viernes la dimisión del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, por su “responsabilidad política” en el estado de mantenimiento de la red ferroviaria tras el accidente de Adamuz (Córdoba), en el que perdieron la vida 45 personas.
Además, han anunciado el registro de una batería de 46 preguntas en el Congreso de los Diputados para conocer el estado real de la línea de alta velocidad Valladolid–Segovia–Madrid.
Transparencia y responsabilidad
Los diputados nacionales José Ángel Alonso y Eduardo Carazo, junto a la senadora Mercedes Cantalapiedra, han reclamado más transparencia y responsabilidades al exalcalde de Valladolid. Según Alonso, el siniestro de Adamuz no fue inevitable ni fruto de un error humano, sino “un fallo de gestión política”. “Cuando el mantenimiento se resiente, la seguridad se resiente y luego llegan las tragedias”, ha advertido.
Las 46 preguntas
Entre las cuestiones planteadas al Ministerio se encuentran las razones por las que se ha reducido la velocidad en determinados tramos de la línea Valladolid-Segovia-Madrid tras el accidente en la provincia de Córdoba, el gasto en mantenimiento de los últimos años, el estado de las vías y posibles deficiencias conocidas previamente por maquinistas y técnicos.
El PP teme que la seguridad de los viajeros vallisoletanos no esté plenamente garantizada y denuncia una falta de inversión en el mantenimiento tanto de la alta velocidad como de la red convencional.
Eduardo Carazo ha detallado que las preguntas se han formulado de manera “muy concreta” para evitar respuestas ambiguas y ha recordado que miles de usuarios utilizan a diario esta línea. Los parlamentarios también cuestionan la retirada de indemnizaciones por retrasos y reclaman un plan urgente de atención a los pasajeros ante incidencias.
Por su parte, el PP ha reprochado al ministro su falta de empatía con las víctimas, después de que asegurara en el Senado que “dormía poco” y de no haber acudido al funeral por los fallecidos. Según los plazos parlamentarios, las respuestas podrían conocerse en un mes y diez días.