El Tribunal de Instancia de Burgos ha dado un paso decisivo al abrir diligencias previas por un presunto delito de homicidio imprudente. La investigación busca esclarecer el fallecimiento de dos pacientes oncológicos en el Hospital de Burgos, quienes recibieron dosis de medicación hasta seis veces superiores a lo prescrito. La Asociación Defensor del Paciente ha calificado este avance como fundamental para depurar responsabilidades tras la denuncia presentada ante la Fiscalía.
Un fallo técnico con consecuencias letales
El origen del suceso se sitúa en un error de configuración del fármaco Cabazitaxel dentro del software Oncofarm. Este fallo en el sistema informático hospitalario provocó que, a pesar de que la prescripción médica era correcta, la cantidad suministrada fuera letal para dos personas y dejara a otras tres con lesiones de extrema gravedad. Actualmente, uno de los afectados permanece ingresado en el centro hospitalario desde el pasado mes de diciembre con secuelas irreversibles.
La postura oficial de la Junta
El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha manifestado su absoluto respeto a los tiempos judiciales, manteniendo la confianza en el trabajo de los profesionales sanitarios. Aunque desde la Consejería de Sanidad se admitió inicialmente un "error humano", la administración autonómica ha confirmado que asumirá la responsabilidad patrimonial necesaria para indemnizar a las víctimas, una vez se determine el alcance civil y penal del proceso.
Exigencia de dimisiones en el Sacyl
La presidenta de la asociación denunciante, Carmen Flores, ha señalado que no se trata de un incidente aislado, sino de un fallo estructural de seguridad. La magnitud de la tragedia ha llevado a la agrupación a exigir que el Sacyl identifique a los responsables directos de la supervisión farmacéutica o, en su defecto, se produzca la dimisión inmediata del Consejero de Sanidad. La acusación particular insiste en que la cadena de fallos debe ser analizada minuciosamente por los tribunales.
¿Qué es la Responsabilidad Patrimonial?
Es el derecho de los ciudadanos a ser indemnizados por las Administraciones Públicas por cualquier lesión que sufran en sus bienes o derechos, siempre que sea consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos. En casos de negligencia médica, el plazo general para reclamar es de un año desde que se produce el alta médica o el fallecimiento.