La presidenta de la Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda del Parlamento Europeo, Irene Tinagli, advierte de que Europa afronta una presión inédita sobre el acceso a la vivienda. “Hay un problema enorme de oferta”, explica, debido a que los pisos se destinan al mismo tiempo a residentes, trabajadores temporales, estudiantes o turismo de corta estancia. A esto se suman “un problema de coste de construcción y un problema de fondos para que las administraciones públicas puedan invertir en proyectos de vivienda accesible y social”.
Aunque la vivienda es competencia local o nacional, la eurodiputada sostiene que Bruselas puede actuar: “La falta de fondos es la primera” y recuerda que “casi 20 billones de euros del Next Generation EU han sido dedicados a proyectos de vivienda accesibles”. También defiende un marco regulatorio europeo para los alquileres turísticos, porque en muchas ciudades han “sacado pisos del parque disponible” y “puesto mucha presión sobre los precios del alquiler”.
Para Tinagli, la crisis habitacional es ya un problema social y económico: “La línea de demarcación entre un trabajador normal y un trabajador pobre es poder acceder a una vivienda accesible”. Además, en algunas ciudades “las empresas tienen problemas en atraer y mantener trabajadores porque estos no se pueden permitir vivir en los lugares donde deberían trabajar”.
Respecto a modelos de referencia, apunta a los países del norte y a Austria, donde existen “modelos de cooperación público-privado-social que no persiguen la maximización de los beneficios”.
La solución requiere coordinación y voluntad política: “Necesitamos una gran colaboración a todos los niveles para poder movilizar los recursos europeos”. Y también el apoyo ciudadano: “Necesitamos vuestras voces para que los administradores sepan que esa es una prioridad”.
Sobre el futuro, Tinagli es clara: “Espero que la vivienda esté al corazón del debate del tipo de Europa que queremos construir”, concluye.