El Gobierno autonómico da un paso al frente en la gestión migratoria. El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha ratificado que la administración autonómica demandará formalmente la realización de exámenes periciales para determinar la edad de los menores extranjeros no acompañados cuando los servicios técnicos detecten cualquier tipo de inconsistencia o sospecha. La medida busca implantar una política de transparencia absoluta en los centros de acogida del territorio castellano y leonés.
El papel de la justicia en el proceso
La administración autonómica carece de la potestad legal para ejecutar estos exámenes médicos de forma directa. Por este motivo, el protocolo institucional vigente exige que la solicitud a la Fiscalía sea el mecanismo obligatorio para activar las pruebas óseas u otros análisis clínicos necesarios. El Ejecutivo autonómico ha insistido en que esta herramienta de seguridad jurídica ya se ha empleado de manera habitual en el pasado ante situaciones de incertidumbre extrema.
Impacto directo en los recursos públicos
La determinación exacta de los años de los acogidos resulta crucial para la asignación de fondos y el diseño de programas de asistencia. Los servicios sociales recuerdan que el régimen de protección varía sustancialmente si el tutelado tiene 12, 15 o 17 años, afectando de forma directa al tiempo de permanencia legal dentro del sistema público de atención. Disponer del dato real optimiza la distribución de las partidas presupuestarias destinadas a la infancia en cada provincia.
Plan prioritario de reagrupación familiar
La tutela institucional se plantea únicamente como una alternativa temporal y de último recurso para los jóvenes. La estrategia de la Junta prioriza de forma paralela la reagrupación familiar de los afectados, asumiendo que el entorno idóneo para cualquier menor es junto a sus progenitores, ya sea en territorio nacional o en sus países de origen. Para lograrlo, se potenciará la búsqueda activa de parientes mediante convenios internacionales específicos con los estados de procedencia.
¿Cómo se financia la acogida?
El coste medio de mantener una plaza para un menor tutelado en España oscila entre los 2.000 y 4.000 euros mensuales por persona, dependiendo de la tipología del centro y la atención especializada requerida. Conocer con exactitud la edad evita el fraude de ley y asegura que los recursos públicos se destinen exclusivamente a la protección de la infancia desamparada.