La Junta de Castilla y León ha reiterado su postura contra la ley de amnistía, asegurando que responde a un "precio político" por la investidura de Pedro Sánchez, a pesar de haber sido avalada por el Tribunal Constitucional. En declaraciones recogidas por esRadio Castilla y León, el consejero portavoz, Carlos Fernández Carriedo, aseguró que el fallo del Constitucional “no entra en el fondo del problema”, que, a su juicio, reside en delitos como la malversación.
La Administración autonómica mantiene un recurso vivo contra la norma, presentado en septiembre del pasado año. En él, se sostiene que la ley vulnera hasta catorce artículos de la Constitución Española, con especial énfasis en principios como la igualdad entre ciudadanos, la separación de poderes y el respeto a los compromisos suscritos por el Estado español con la Unión Europea.
El recurso de la Junta, aún sin resolverse
Desde el Ejecutivo autonómico se insiste en que el fallo del Constitucional no resuelve el núcleo del recurso interpuesto por la Junta. “Lo importante es que sigue pendiente el análisis del fondo del asunto”, reiteró Fernández Carriedo.
Una crítica sostenida desde el inicio
La postura crítica del Gobierno de Castilla y León se ha mantenido desde que se anunció la tramitación de la ley. “No se puede utilizar la arquitectura jurídica del Estado para satisfacer intereses partidistas”, han sostenido en reiteradas ocasiones desde la Junta, marcando distancia con la línea del Gobierno central.
Pese a que el aval del Constitucional refuerza la validez legal de la amnistía, desde el Ejecutivo autonómico aseguran que esto no cancela el debate político ni el recorrido judicial del recurso. La palabra final, advierten, aún no está dicha.