La Fiscalía de Castilla y León ha iniciado diligencias de investigación penal tras una denuncia que pone en entredicho la actuación de la Junta durante los incendios forestales del pasado verano. Según ha conocido esRadio Castilla y León, la denuncia fue presentada por el colectivo Bierzo Aire Limpio, que acusa al gobierno autonómico de “inacción y actuación deficiente” durante las emergencias vividas en agosto.
El proceso judicial apunta directamente al La Fiscalía de Castilla y León ha iniciado diligencias de investigación penal tras una denuncia que pone en entredicho la actuación de la Junta durante los incendios forestales del pasado verano. La denuncia fue presentada por el colectivo Bierzo Aire Limpio, que acusa al gobierno autonómico de “inacción y actuación deficiente” durante las emergencias vividas en agosto.
El proceso judicial apunta directamente al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones. La denuncia sostiene que no se aplicaron las medidas preventivas necesarias, a pesar de contar con datos técnicos suficientes que advertían del alto riesgo de incendios.
LA JUNTA RESPONDE: “DAMOS TODAS LAS EXPLICACIONES NECESARIAS”
El consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha restado importancia a las diligencias, afirmando que la Junta "actuó con absoluta diligencia" y que están acostumbrados a este tipo de denuncias. "Daremos todas las explicaciones necesarias", ha declarado este jueves.
Quiñones ha defendido el desempeño del operativo de incendios en los años 2023, 2024 y 2025, aunque ha admitido que hubo “tres semanas fatídicas con circunstancias desconocidas”. También recordó que en 2022 ya se archivaron otras denuncias similares.
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA YA HA REQUERIDO DOCUMENTACIÓN
El portavoz del Gobierno, Carlos Fernández Carriedo, confirmó que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ya ha solicitado información a la Junta. Según el portavoz, se trata de una petición de documentación que será atendida "con la máxima colaboración".
Carriedo también destacó el compromiso del gobierno autonómico con la justicia y subrayó que han colaborado siempre con total transparencia.
SOLO SE EJECUTÓ EL 48% DEL PRESUPUESTO DE PREVENCIÓN
Según Bierzo Aire Limpio, la administración no solo falló en la respuesta, sino también en la planificación. Solo se había ejecutado el 48% del presupuesto destinado a prevención, pese a los antecedentes de graves incendios en la Sierra de la Culebra (2022) y El Bierzo. Además, se denuncia una clara falta de coordinación entre operativos, lo que habría impedido una respuesta eficaz en las horas más críticas.
El colectivo considera que esta apertura de diligencias es el primer paso para depurar responsabilidades políticas y penales, y pone el foco en presuntos delitos de prevaricación por omisión, delitos contra el medio ambiente y omisión del deber de socorro.
LA OPOSICIÓN EXIGE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS
Desde el PSOE, la portavoz en las Cortes, Patricia Urbón, ha exigido la dimisión de Quiñones. A su juicio, las responsabilidades políticas deberían haberse asumido “desde el minuto uno”. Urbón compara la situación con la gestión en otras comunidades: “En Valencia tienen a Mazón y aquí tenemos a Mañueco y Quiñones”.
Por su parte, Vox considera que la apertura de diligencias judiciales refuerza su rechazo a crear una comisión de investigación parlamentaria. El portavoz David Hierro cree que “la gravedad del caso” exige que se diriman responsabilidades penales y que “la política la juzgan los ciudadanos en las urnas”.
150.000 HECTÁREAS ARRASADAS Y TRES MUERTOS
Los incendios forestales del verano de 2025 dejaron un balance devastador: más de 150.000 hectáreas quemadas y tres personas fallecidas. La tragedia ha reavivado el debate sobre el modelo de gestión y prevención de incendios en Castilla y León.
NUEVO DECRETO LEY PARA UN OPERATIVO PERMANENTE
En paralelo, la Junta de Castilla y León ha aprobado un decreto ley para mejorar su operativo forestal. Este nuevo marco normativo establece un dispositivo público y activo todo el año, con más personal y recursos.
La votación de este decreto llegará próximamente al parlamento autonómico, y desde el Gobierno se muestra plena disposición a negociar con los grupos para lograr su aprobación.